Benjamin EncinaLa Justicia federal dispuso nuevas medidas para reconstruir la situación patrimonial de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su paso por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). El juez Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, ordenó requerir información sobre pagos provenientes de la FIFA, el Sindicato de Choferes de Camiones y la propia AFA, además de ampliar el acceso a los registros financieros de su exesposa, Paola Moyano.
Uno de los principales puntos de la investigación son tres transferencias de la FIFA por un total de US$ 189.577,18, recibidas por Tapia entre 2018 y 2020. Los movimientos registrados fueron de US$ 49.585,53 en diciembre de 2018, US$ 124.583,56 en junio de 2019 y US$ 15.408,09 en marzo de 2020. Para esclarecer su origen, el magistrado libró un exhorto internacional a Suiza y pidió que el organismo detalle el concepto de los pagos, los cargos o funciones que los habrían generado y otros honorarios, dietas o viáticos abonados al dirigente desde 2016.
La pesquisa también alcanza al Sindicato de Choferes de Camiones, al que se le requirió explicar 37 acreditaciones por $1.494.678,79 realizadas en una cuenta sueldo de Tapia entre enero de 2016 y enero de 2019. La Justicia solicitó información sobre el motivo de esos depósitos, junto con el legajo laboral del titular de la AFA, sus funciones, recibos de haberes y eventuales liquidaciones por otros conceptos. El objetivo es establecer a qué correspondieron esos ingresos y contrastarlos con la información patrimonial incorporada al expediente.
En paralelo, Lijo ordenó que la AFA aporte documentación sobre cinco transferencias efectuadas a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, por un total de $1.476.000. También pidió detalles sobre las tarjetas corporativas emitidas a nombre del dirigente, sus límites, las autorizaciones para utilizarlas y las rendiciones de gastos. Otro de los requerimientos apunta a precisar la composición de los $30 millones en viáticos que Tapia declaró haber percibido de la entidad.
Las medidas no se limitan a los pagos recibidos. El juez solicitó información sobre las declaraciones juradas presentadas por Tapia ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2022, incluidos sus anexos reservados, y requirió datos sobre vehículos, cuentas bancarias, inversiones, tarjetas, cajas de seguridad y otros productos financieros. También pidió documentación a organismos públicos para reconstruir antecedentes laborales y patrimoniales que puedan resultar relevantes para el expediente.
En el caso de Paola Moyano, el magistrado dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero, con el propósito de acceder a datos sobre sus declaraciones impositivas, bienes, deudas, cuentas, transferencias e inversiones, incluidos eventuales activos en el exterior. La medida busca ampliar la información disponible sobre la evolución económica del entorno familiar de Tapia. Según los antecedentes incorporados a la causa, Moyano habría figurado como firmante de dos cuentas del dirigente y cotitular de una caja de seguridad.
El expediente se inició a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que planteó un presunto incremento patrimonial de Tapia cercano al 1.000% entre 2017 y 2024. La investigación se concentra en su actividad como funcionario de la CEAMSE, organismo al que ingresó en 2014 y cuya presidencia asumió en 2024, y busca comparar sus ingresos declarados con la evolución de sus bienes y movimientos financieros.
Las nuevas diligencias forman parte de la etapa de recopilación de pruebas. Los pedidos de información y el levantamiento de los secretos financieros no constituyen por sí mismos una prueba de delito ni una declaración de culpabilidad: la Justicia deberá analizar la documentación reunida para determinar si existen inconsistencias que justifiquen avanzar en la causa.
