Belen LapetinaFrancia vivió una jornada de fuertes disturbios durante las protestas contra el aumento del costo de vida y los recortes en los servicios públicos. Siete años después de la revuelta de los chalecos amarillos de 2018, cientos de miles de personas se movilizaron en distintas ciudades del país, en una convocatoria que reunió a estudiantes, agricultores, sindicatos y organizaciones sociales.
Según las cifras oficiales, la jornada dejó 855 detenidos y 60 integrantes de las fuerzas de seguridad heridos. En París, Marsella, Lyon, Lille y Limoges se registraron enfrentamientos con la Policía, incendios y ataques contra edificios públicos y establecimientos comerciales.
En Marsella, un grupo de manifestantes ingresó al ayuntamiento y provocó destrozos. También se denunciaron saqueos en comercios del centro. En Lyon, una oficina de turismo fue vandalizada e incendiada, mientras que en Lille se rompieron los ventanales del edificio municipal. En Limoges, el fuego destruyó gran parte del techo del histórico ayuntamiento.
En París, la plaza de la República fue escenario de enfrentamientos entre manifestantes encapuchados y las fuerzas de seguridad. También se registraron incendios y una marcha espontánea que llegó a unos 150 metros del palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa. Ante la magnitud de las protestas, el Gobierno desplegó más de 10.000 policías y gendarmes en todo el país.
La convocatoria surgió en septiembre a través de las redes sociales y sumó a los chalecos amarillos, estudiantes, agricultores y sindicatos. Entre los principales reclamos se encuentran el aumento del precio de los combustibles, las facturas de electricidad, el costo de los alimentos y la falta de recursos para las escuelas y los hospitales. También expresaron su rechazo al proyecto de presupuesto para 2027.
Las cifras de participación variaron según las fuentes. La CGT aseguró que más de 800.000 personas participaron en 1.750 concentraciones y desfiles, mientras que el Ministerio del Interior informó alrededor de 550.000 manifestantes en todo el país.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, condenó los hechos y afirmó que el Gobierno no se dejará intimidar por la violencia. Por su parte, el presidente Emmanuel Macron había pedido calma y recordó que el derecho a manifestarse debe ejercerse con respeto.
La jornada también profundizó las diferencias políticas. Mientras referentes de la extrema derecha responsabilizaron a sectores de izquierda por los disturbios, dirigentes de izquierda y ecologistas destacaron el carácter pacífico de una parte de la movilización y cuestionaron el accionar policial.
Pese a las medidas anunciadas por el Gobierno para asistir al sector agrícola y extender la ayuda al combustible, el malestar social continúa. Los sindicatos ya convocaron a una nueva huelga y movilización para el 5 de noviembre, con reclamos por los salarios y los servicios públicos.
