El Gobierno abrió un retiro voluntario para estatales con pagos de hasta 20 sueldos

El Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen de retiro voluntario para trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada, a través del Decreto 1203/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial. La propuesta contempla una desvinculación acordada con el Estado y establece compensaciones económicas diferentes según la edad, los años de servicio y la situación previsional de cada empleado.

La inscripción estará habilitada del 1 al 30 de noviembre de 2026, con la posibilidad de una única prórroga de hasta 30 días. Sin embargo, presentar la solicitud no garantiza el acceso automático: las autoridades podrán rechazarla si consideran que la salida del trabajador puede afectar el funcionamiento de los servicios públicos. 

La convocatoria está dirigida al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo, siempre dentro de la administración nacional centralizada. Por lo tanto, no alcanza de manera general a todos los empleados públicos del país ni incluye automáticamente a los trabajadores de las administraciones provinciales y municipales.

Quedan afuera los contratados transitorios y determinados sectores, entre ellos los organismos descentralizados —como la ANSES—, las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. La normativa también establece condiciones e impedimentos específicos para acceder al beneficio. 

En cuanto al dinero que podrán recibir, el esquema se divide en tres grupos. No hay una suma fija en pesos para todos los empleados, ya que el cálculo depende de las condiciones particulares de cada agente.

El primer grupo comprende a mujeres de 58 años o más y hombres desde los 63 que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación ordinaria. Podrán elegir entre una gratificación por única vez, calculada en función de la antigüedad y con un tope de 18 remuneraciones, o un pago mensual equivalente al 60% del salario bruto durante un máximo de 36 meses. En esta última modalidad se mantienen los aportes previsionales y la cobertura de obra social durante el período establecido.

El segundo grupo incluye a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 que acrediten al menos 30 años de aportes jubilatorios. Para ellos, la compensación contempla un sueldo por cada año de servicio, sujeto a los topes previstos, más cinco remuneraciones adicionales.

El tercer grupo abarca a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. La compensación equivale a un salario bruto por año de antigüedad, con un límite de 20 remuneraciones, más cuatro sueldos adicionales para quienes tengan menos de 15 años de antigüedad en planta permanente o cinco para quienes alcancen o superen ese período. 

Otro punto central es que quienes accedan al retiro no podrán volver a incorporarse al sector público nacional durante ocho años. Además, los cargos que dejen vacantes serán eliminados de la estructura presupuestaria correspondiente.

El decreto establece un plazo para evaluar las solicitudes una vez finalizada la inscripción. Si no existe una aprobación expresa y notificada dentro del período previsto, el pedido se considerará rechazado. De esta manera, el nuevo régimen fija condiciones de acceso, límites para las compensaciones y restricciones posteriores para los trabajadores que decidan desvincularse.