Benjamin EncinaEl financiamiento de las universidades nacionales será uno de los principales puntos de tensión en el debate del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. El Gobierno defenderá los recursos previstos para el próximo año ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, mientras distintos bloques opositores y representantes del sistema universitario reclamarán una mayor asignación de fondos y el cumplimiento de la legislación vigente.
La reunión está prevista para este martes 20 de octubre a las 10, con la participación del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ambos funcionarios del Ministerio de Capital Humano. La comisión es presidida por el diputado oficialista Bertie Benegas Lynch y continuará con el análisis del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Uno de los principales desacuerdos está en el dinero destinado al funcionamiento de las casas de estudio. Según la información difundida sobre el proyecto oficial, las transferencias para las universidades nacionales alcanzarían los $7,7 billones durante 2027. En cambio, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó una partida de $11 billones para atender las necesidades del sistema. La diferencia refleja el conflicto sobre los recursos necesarios para sostener las actividades académicas, administrativas y de investigación.
La discusión no se limita al funcionamiento cotidiano de las instituciones. También abarca los salarios de docentes y trabajadores no docentes, las becas estudiantiles, la infraestructura y los gastos necesarios para mantener las actividades de enseñanza e investigación. Las autoridades universitarias sostienen que la planificación presupuestaria debe contemplar esas necesidades para garantizar la continuidad de las tareas y el acceso a la educación superior.
Desde la oposición, distintos legisladores insistirán en que el Poder Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente. El diputado de Encuentro Federal Miguel Pichetto defendió la necesidad de garantizar recursos para las universidades públicas, mientras que el socialista Esteban Paulón reclamó que se cumpla la legislación aprobada.
También hubo planteos desde bloques provinciales. El diputado misionero Alberto Arrúa, de Argentina Federal, presentó una iniciativa para solicitar que el Presupuesto 2027 incorpore los fondos necesarios para atender las obligaciones previstas en la ley. Por su parte, la conducción nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) respaldó la propuesta presupuestaria elaborada por el CIN y pidió garantizar los recursos para el funcionamiento de las instituciones.
Desde La Libertad Avanza, la diputada Bárbara Andreussi defendió la gratuidad universitaria, aunque cuestionó el manejo de los recursos y reclamó controles sobre los gastos y los resultados del sistema. Su postura refleja otra dimensión de la discusión: además del monto total asignado, el debate incluye cómo se administran las partidas y qué mecanismos de control deben aplicarse.
La controversia se desarrolla después de una nueva movilización universitaria frente al Congreso, donde estudiantes, docentes y otros sectores reclamaron el cumplimiento de la ley de financiamiento. El conflicto también está atravesado por la situación salarial y por las diferencias entre el presupuesto solicitado por las instituciones y el que propone la administración nacional.
El tratamiento del proyecto continuará durante las próximas semanas, mientras los distintos bloques fijan sus posiciones sobre el gasto público previsto para el próximo año. La discusión universitaria será una de las instancias centrales para determinar si la propuesta oficial recibe modificaciones antes de avanzar hacia las siguientes etapas parlamentarias.
