Belen LapetinaLa Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó una nueva apelación del Gobierno en el conflicto por el financiamiento universitario. La Sala III concedió el recurso contra la decisión del juez Martín Cormick de continuar con la ejecución de la medida cautelar que exige actualizar los salarios del personal universitario y garantizar los fondos para las becas estudiantiles.
La resolución permite que el Ejecutivo cuestione dos decisiones judiciales vinculadas con el cumplimiento de la medida: la intimación bajo apercibimiento de multas diarias y la continuidad del trámite de ejecución. Las sanciones habían quedado suspendidas provisoriamente el 15 de octubre.
Los jueces aclararon que la admisión del recurso no implica adelantar una opinión sobre si el Gobierno cumplió o no con la cautelar. Por lo tanto, la Cámara todavía no resolvió esa cuestión ni se pronunció sobre la vigencia de la medida.
El Estado sostuvo que ya cumplió íntegramente con la cautelar y argumentó que la medida tenía un plazo de vigencia que, según su interpretación, ya venció. También cuestionó que continuara abierto el proceso de ejecución y advirtió sobre la posibilidad de recibir sanciones económicas.
Ante el rechazo inicial del recurso, el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación presentaron una queja ante la Cámara. La Sala III hizo lugar al planteo y habilitó la revisión de la decisión de primera instancia.
La nueva resolución se suma a la decisión del 15 de octubre, cuando la misma Sala III admitió otra presentación del Gobierno y dispuso que se tramitara con efecto suspensivo la apelación contra las multas de $100.000 diarios impuestas al jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Esa decisión dejó las sanciones en pausa mientras avanza el recurso, pero tampoco definió si el Estado cumplió con la orden judicial.
La causa fue iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional contra el decreto 759/2025, que condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso identificara las fuentes de los recursos.
El 6 de octubre, el juez Martín Cormick declaró inconstitucional esa condición y ordenó aplicar la norma. El Gobierno apeló la sentencia, que continúa su trámite en el expediente principal.
La cautelar que se discute en los incidentes judiciales establece la actualización de los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas y la garantía de los fondos destinados a las becas estudiantiles, conforme a los parámetros previstos por la ley.
