Benjamin EncinaLa situación de las personas con discapacidad volvió a ocupar el centro de la agenda pública en Tucumán. Este miércoles 21 de octubre, familiares, profesionales, representantes de instituciones terapéuticas y personas con discapacidad se concentraron en Plaza Independencia para reclamar la prórroga de la emergencia nacional y una actualización de los aranceles que reciben los prestadores.
La convocatoria fue impulsada por la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad (CITED), bajo la consigna “Discapacidad en Emergencia”. Los manifestantes solicitaron respuestas concretas de las autoridades y cuestionaron las dificultades económicas que, según advirtieron, comprometen el funcionamiento de los centros y la continuidad de distintas prestaciones.
Uno de los principales reclamos es la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en medio del debate nacional sobre el futuro de la normativa. Las organizaciones del sector sostienen que la emergencia no está superada y que se necesitan garantías presupuestarias para asegurar la atención, los tratamientos y los apoyos que requieren miles de personas.
La movilización también puso el foco en el atraso de los aranceles que perciben los prestadores. Desde el sector advierten que los valores vigentes no acompañan adecuadamente los costos de funcionamiento de las instituciones, que deben afrontar salarios, servicios, materiales y el sostenimiento de equipos profesionales. El reclamo incluye una actualización que permita cubrir esos gastos y evitar que los centros deban reducir actividades o prestaciones.
Otro problema señalado durante la jornada son las demoras en los pagos de honorarios. Trabajadores del área describieron que, en ocasiones, deben esperar meses para cobrar por sus servicios, una situación que dificulta organizar sus economías personales y mantener la actividad profesional. Aunque muchos equipos continúan atendiendo, la incertidumbre sobre las fechas de pago genera preocupación por la sostenibilidad del sistema.
Las familias, por su parte, alertaron sobre los obstáculos para conseguir autorizaciones de obras sociales, acceder a medicamentos y sostener tratamientos. Susana Hilda Perea, madre de un hijo que necesita rehabilitación, resumió la situación con una frase: “No llegamos. La plata no alcanza”. Otra madre, identificada en la cobertura como María Cristina, reclamó que se respete la ley y señaló dificultades para obtener medicamentos y mantener las prestaciones.
Desde el ámbito profesional también advirtieron que los problemas financieros no afectan solamente a quienes trabajan en las instituciones, sino directamente a las personas que necesitan sus servicios. La continuidad de las terapias depende de que existan centros en funcionamiento, equipos disponibles y recursos suficientes para garantizar la atención.
El reclamo se produce en un contexto de discusión legislativa nacional. Tras una sesión anterior que no pudo avanzar por falta de quórum, el Congreso tenía previsto volver a tratar iniciativas relacionadas con la emergencia en discapacidad. Las organizaciones también expresaron objeciones al dictamen impulsado por el oficialismo y reclamaron que cualquier modificación preserve los derechos y las prestaciones existentes.
Entre los planteos del sector figura, además, el reconocimiento de un atraso arancelario cercano al 31%, cifra mencionada por organizaciones de prestadores al fundamentar la necesidad de una recomposición. El reclamo apunta a establecer criterios claros de actualización y mecanismos que den previsibilidad a los pagos.
La movilización en Tucumán se sumó así a las acciones impulsadas en distintos puntos del país para exigir respuestas presupuestarias y administrativas. Para las familias y los trabajadores, la discusión excede los números: está en juego la posibilidad de sostener tratamientos, acompañamientos educativos y servicios esenciales para las personas con discapacidad.
