Benjamin EncinaLa investigación por la agresión sufrida por Patricio Ledezma en Tafí del Valle sumó un nuevo capítulo judicial. El juez Javier Núñez Campero rechazó el pedido de sobreseimiento de Máximo Carreras, por lo que el joven continúa vinculado a la causa mientras se define su situación procesal.
La solicitud había sido presentada por el abogado defensor Ángel Fara, quien sostuvo que no existían elementos para mantener la acusación contra su representado. El planteo contó con el acompañamiento del auxiliar fiscal Hugo Campos, siguiendo las instrucciones del fiscal Gerardo Salas. Sin embargo, el representante legal de Ledezma, José María Molina, se opuso y cuestionó los fundamentos jurídicos del pedido.
Ante esa objeción, el magistrado resolvió no hacer lugar al sobreseimiento y dispuso que el expediente sea remitido al fiscal regional, que deberá pronunciarse sobre la postura del Ministerio Público Fiscal. Esa intervención será determinante para establecer cómo continúa el trámite y si corresponde avanzar con la desvinculación de Carreras.
El caso se originó por una agresión ocurrida durante la madrugada del 29 de enero, a la salida del boliche La Cañada, en Tafí del Valle. Ledezma denunció haber sido atacado por un grupo de jóvenes y la investigación derivó inicialmente en acusaciones contra Carreras y Santiago Bagne. Ambos llegaron a estar detenidos con prisión preventiva, pero recuperaron la libertad después de que esa medida fuera revocada.
En agosto, Santiago Bagne fue sobreseído tras las medidas de investigación y las pruebas incorporadas al expediente. La situación de Carreras siguió otro camino: su defensa presentó un planteo similar, pero la oposición de la querella y la resolución judicial impidieron que fuera desvinculado en esta instancia.
La causa también incluyó pedidos de la representación de Ledezma para investigar a otros jóvenes mencionados durante la pesquisa. No obstante, según la información difundida sobre el expediente, Carreras permanece como el único imputado en esta etapa.
El rechazo del pedido no implica una condena ni determina por sí mismo la responsabilidad penal del acusado. La investigación continúa pendiente de una definición procesal, mientras la intervención del fiscal regional marcará el próximo paso del expediente.
