Belen LapetinaLa Cámara de Diputados aprobó una nueva ley de Discapacidad tras una extensa jornada de negociaciones entre el oficialismo y la oposición. El proyecto consiguió 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, y ahora será enviado al Senado para su tratamiento.
El acuerdo permitió reemplazar el esquema de emergencia que vence a fin de año por una normativa que mantiene aspectos centrales del sistema vigente. Entre ellos, la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el nomenclador universal de prestaciones.
Uno de los puntos centrales es la continuidad de las pensiones por discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, y la posibilidad de compatibilizarlas con un empleo formal, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El texto también mantiene el arancel unificado para las prestaciones y establece mecanismos de financiamiento, además de controles y auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso a los beneficios.
Otro aspecto relevante es la cobertura de salud. El proyecto incorpora garantías vinculadas al acceso al Programa Incluir Salud para los titulares de las pensiones contempladas en la norma.
Además, prevé que, si existen deudas pendientes con prestadores al momento de la sanción, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelarlas en un plazo de hasta 90 días.
El acuerdo reunió a legisladores de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y otros bloques. El respaldo opositor llegó después de que el oficialismo aceptara cambios y se comprometiera a dejar de lado los recortes previstos inicialmente en el Presupuesto 2027.
Los diputados cordobeses que votaron en contra cuestionaron la falta de participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración del proyecto. Por su parte, la izquierda se abstuvo por considerar insuficiente la respuesta a las deudas con los prestadores.
Con la aprobación en Diputados, la iniciativa deberá pasar al Senado, que tendrá la responsabilidad de continuar el trámite legislativo.
