Benjamin EncinaEl gasto público destinado a jubilaciones y atención sanitaria de los adultos mayores continúa por encima de los niveles registrados durante la década de 1980, incluso después del ajuste fiscal aplicado por el Gobierno nacional. Así lo sostiene un informe del Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA), que analiza la evolución de estas erogaciones en relación con el tamaño de la economía.
El estudio toma como referencia el promedio de los años 80 y le asigna un índice de 100 puntos. Bajo esa metodología, el gasto previsional y sanitario vinculado con la vejez alcanzó los 173 puntos en 2024, lo que representa un nivel 73% superior al de aquella década. El resto del gasto público, en cambio, se ubicó en 105 puntos, apenas un 5% por encima de la referencia histórica.
La diferencia muestra que, durante las últimas décadas, las partidas destinadas a las personas mayores tuvieron una evolución distinta de la registrada en otras áreas estatales. En 1995, el indicador correspondiente a jubilaciones y PAMI había llegado a 163 puntos, mientras que el resto del gasto público descendió a 94. En 2017, el gasto para la vejez alcanzó su máximo de la serie, con 220 puntos, frente a 137 del resto de las erogaciones.
Ambos indicadores bajaron para 2024, pero la reducción no eliminó la brecha. De acuerdo con IDESA, el ajuste fiscal aplicado durante el comienzo de la gestión de Javier Milei redujo el peso relativo de distintas partidas, aunque el gasto previsional y sanitario siguió considerablemente por encima de su nivel histórico.
El informe atribuye parte de esta evolución a los cambios demográficos y a la falta de reformas estructurales que adapten las prestaciones al envejecimiento de la población. Según la entidad, la última reforma estructural del sistema previsional se realizó en 1993. Desde entonces, diferentes administraciones recurrieron a la inflación y a modificaciones en los mecanismos de actualización de los haberes para contener el peso del gasto.
El análisis también apunta al PAMI, creado en 1971, y advierte que la cobertura sanitaria de los adultos mayores no habría sido adaptada suficientemente a los cambios demográficos. IDESA sostiene que las limitaciones en las prestaciones pueden trasladar parte de la demanda de atención a los hospitales públicos provinciales.
Entre las alternativas que propone el instituto figura un sistema de cuentas nocionales, que vincule el cálculo de los haberes con los aportes realizados durante la vida laboral y la expectativa de vida al momento del retiro. También plantea revisar el esquema de pensiones derivadas y modificar la cobertura sanitaria para que las personas puedan conservar su obra social al jubilarse, junto con una adecuación de las prestaciones médicas a los recursos disponibles.
Estas iniciativas son propuestas de IDESA y no medidas que ya haya implementado el Gobierno. Además, el indicador del informe mide el gasto agregado como proporción del PBI: no determina cuánto cobra cada jubilado, cómo evolucionó su poder adquisitivo ni la calidad de la atención médica. Esas cuestiones requieren datos específicos sobre haberes, precios y prestaciones.
El planteo vuelve a poner en discusión cómo financiar el sistema previsional y sanitario frente al envejecimiento de la población, sin descuidar las demás responsabilidades del Estado.
