Benjamin EncinaLa Justicia tucumana inicia este lunes 26 de octubre el juicio oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, la estudiante de enfermería de 25 años que fue asesinada en enero y cuyo cuerpo apareció en un descampado de Manantial Sur. El proceso buscará esclarecer cómo ocurrió el crimen, determinar las responsabilidades penales y analizar las presuntas maniobras realizadas para ocultar evidencias.
El principal acusado es Felipe “El Militar” Sosa, exmilitar y empresario de seguridad privada, para quien el Ministerio Público Fiscal solicitará prisión perpetua. Está imputado por homicidio doblemente agravado, entre otros motivos, por mediar violencia de género. La defensa, por su parte, sostendrá una versión diferente sobre las circunstancias de la muerte y cuestionará la hipótesis de la acusación.
Junto a Sosa serán juzgados Justina Gordillo, funcionaria judicial y expareja del acusado, y Jorge Orlando “Chicho” Díaz, empleado de confianza del empresario. Ambos están imputados por presunto encubrimiento agravado y la Fiscalía solicitará seis años de prisión para cada uno. Las responsabilidades de los tres deberán establecerse a partir de las pruebas que se presenten durante las audiencias.
El debate tiene previsto extenderse hasta diciembre y contará con la declaración de 70 testigos, entre familiares, investigadores, peritos y personas vinculadas con la causa. Uno de los testimonios que podría tener relevancia es el de Nicolás Augusto Navarro Flores, quien ya fue condenado a tres años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado por su participación en el encubrimiento.
La investigación sitúa los hechos durante la madrugada del 7 de enero de 2026, cuando Érika llegó a la vivienda de Sosa, en Yerba Buena, mediante un viaje solicitado por una aplicación. Según la reconstrucción fiscal, allí habría sufrido una agresión que le provocó la muerte. El cuerpo fue encontrado al día siguiente en un terreno de Manantial Sur, lo que dio inicio a una investigación que derivó en la detención del principal acusado en la provincia de Buenos Aires.
Entre los elementos reunidos por los investigadores figuran peritajes genéticos, análisis de teléfonos celulares y registros de antenas de telefonía, además de otras pruebas destinadas a reconstruir los movimientos de los involucrados. La Fiscalía sostiene que esos elementos respaldan su hipótesis sobre el crimen y las acciones posteriores para ocultarlo. Las defensas podrán cuestionar su alcance y presentar sus propios argumentos ante el tribunal.
El caso también incluye una discusión sobre las presuntas acciones de encubrimiento posteriores al homicidio. La acusación sostiene que hubo maniobras para limpiar la vivienda, retirar elementos y eliminar rastros que podían comprometer a los involucrados. Durante el juicio, los jueces deberán evaluar qué participación tuvo cada acusado y si las pruebas alcanzan para demostrar los delitos atribuidos.
La apertura del debate representa una instancia central para la familia de Érika, que busca justicia y respuestas sobre lo sucedido. Durante las próximas semanas, la Fiscalía, la querella y las defensas expondrán sus respectivas versiones. La decisión final dependerá de la prueba producida durante el juicio, sin que las acusaciones impliquen por sí mismas una declaración de culpabilidad.
