Belen LapetinaEl Gobierno nacional apunta a debatir la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados el próximo 12 de noviembre, después de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de ese mes.
La fecha tentativa fue comunicada este martes durante una reunión entre La Libertad Avanza y los bloques aliados. Sin embargo, todavía no existe una convocatoria formal para sesionar. Antes, el oficialismo necesita reunir las firmas para obtener el dictamen y asegurar los votos para avanzar con la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei.
El primer paso será el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. La Libertad Avanza busca cerrar las negociaciones con el PRO, la UCR y otros espacios dialoguistas, luego de varios encuentros sin conseguir los respaldos necesarios.
La agenda parlamentaria también está condicionada por los viajes de diputados a Estados Unidos para seguir las elecciones legislativas del 3 de noviembre y por la visita papal. Además, el Gobierno busca organizar el tratamiento del Presupuesto 2027, previsto para la segunda mitad de noviembre.
Uno de los principales puntos de discusión fue el alcance de las sanciones a empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. El Ejecutivo aceptó limitar la responsabilidad de proveedores y accionistas para evitar que las penalidades alcancen a compañías con vínculos económicos indirectos.
El nuevo borrador establece condiciones para sancionar a proveedores que suministren bienes o servicios indispensables para actividades prohibidas y contempla excepciones para accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y fondos de inversión sin poder de decisión sobre los activos involucrados.
También se reformularon las multas y sanciones penales previstas para determinadas actividades. Entre los cambios se incluyen penalidades económicas vinculadas con el beneficio indebido obtenido y una reducción de cinco a dos años de la pena mínima de prisión para ciertos proveedores esenciales.
La iniciativa contempla además la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional, con cuatro diputados y cuatro senadores. El organismo tendría la función de supervisar determinadas decisiones estratégicas del Ejecutivo en materia de defensa, inteligencia y seguridad.
En paralelo, el Gobierno aceptó incorporar mayores precisiones sobre las facultades del Consejo y los mecanismos de control del Congreso, especialmente ante medidas que puedan implicar riesgos de guerra o represalias.
Otro cambio importante alcanza al artículo sobre campañas de desinformación financiadas desde el exterior. La nueva redacción reemplaza ese concepto por el de injerencia extranjera y exige que existan elementos vinculados con actuaciones clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas. Además, excluye expresamente del delito al ejercicio periodístico, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación pública de intereses.
Pese a las modificaciones, el oficialismo mantiene su postura de tratar el proyecto de manera integral, sin separar las sanciones relacionadas con Malvinas de las reformas institucionales en defensa y seguridad.
La posibilidad de sesionar el 12 de noviembre dependerá ahora de que La Libertad Avanza consiga el dictamen en las comisiones y reúna los votos necesarios para llevar la iniciativa al recinto.
