Benjamin EncinaUna documentación extraviada en pleno centro tucumano fue el punto de partida de una maniobra que se extendió durante más de tres meses y terminó con una condena de prisión efectiva. La acusada encontró el DNI y una tarjeta de crédito de una mujer que había perdido sus pertenencias mientras realizaba compras en la zona de calle Junín y El Bajo, y utilizó esos datos para hacerse pasar por ella ante comercios y entidades financieras.
El episodio inicial ocurrió el 26 de enero de 2026. La víctima llevaba los documentos dentro de una riñonera que extravió mientras caminaba por San Miguel de Tucumán. La mujer que los encontró se quedó con el DNI original y la tarjeta Naranja, sin intentar devolverlos ni comunicar el hallazgo. A partir de entonces comenzó a utilizar la identidad ajena para concretar distintas operaciones.
Entre el 27 de enero y el 10 de febrero, realizó compras presenciales y virtuales en distintos comercios de la capital por $3.234.659,08. Sin embargo, las maniobras no quedaron limitadas al uso de la tarjeta encontrada: posteriormente consiguió documentación adicional de la damnificada y avanzó con la gestión de préstamos y nuevas líneas de crédito.
El 24 de febrero obtuvo un préstamo personal en Rapicuotas por un valor neto de $2.646.000, utilizando los datos personales y recibos de sueldo de la víctima. Un día después consiguió otro crédito en Castillo Central por $1.985.413,92. La investigación también estableció que había obtenido esos comprobantes salariales de manera indebida a través de la plataforma estatal Digituc.
Durante marzo incorporó nuevas entidades a la maniobra. El 8 de marzo abrió una cuenta de tarjeta de crédito en Credimás mediante su centro de atención virtual y luego retiró el plástico en la casa central. Con esa tarjeta realizó operaciones comerciales y solicitó préstamos por $1.217.038,92. En el mismo mes también consiguió un crédito de consumo en Electrónica Megatone SRL, actualmente identificada como On City, por $2.735.000.
La secuencia continuó en abril. El primer día de ese mes obtuvo otra cuenta crediticia en Tarjeta Titanio, presentando el documento extraviado y los recibos salariales de la damnificada. Después utilizó el plástico para realizar compras en locales céntricos por $1.193.242,91. El 8 de abril, además, se presentó en una sucursal del Banco Macro y consiguió retirar $2.084.300 directamente de la cuenta bancaria de la titular.
Uno de los movimientos de mayor impacto económico se produjo el 17 de abril, cuando la acusada actuó junto a otro hombre en Castillo Central. Mediante los datos personales y salariales de la víctima lograron una ampliación de crédito por $11.911.304,91. En esa operación, el acompañante firmó documentación como usuario adherente y se concretó la adquisición de una motocicleta valuada en $7.221.000.
El 29 de abril, la mujer volvió a utilizar la identidad de la damnificada en Tevelin SA. Allí falsificó su firma para gestionar un crédito con descuento por planilla de haberes y retiró productos tecnológicos por $2.639.141. El último movimiento registrado en esa secuencia ocurrió el 5 de mayo, cuando obtuvo en el comercio Mobilar un crédito en cuenta corriente para llevarse mercadería por $200.900.
La investigación llegó a un punto decisivo el 8 de mayo, cuando la acusada regresó a una sucursal del Banco Macro e intentó retirar otros $100.000 de la cuenta de la víctima. Un empleado de seguridad la reconoció porque ya había realizado una operación similar semanas antes y alertó al personal bancario. Al comprobar que los datos biométricos y la firma no coincidían con los de la titular, dieron aviso a la Policía, que intervino en el lugar y la aprehendió.
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, encabezada por Diego López Ávila. En la audiencia intervino el auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, y el proceso concluyó mediante un juicio abreviado, cuyo acuerdo fue aprobado por el juez interviniente.
La resolución estableció para la acusada una pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Entre los factores considerados para determinar la sanción, la Fiscalía destacó la reiteración de las maniobras, la planificación, el tiempo durante el cual se extendieron, el uso sistemático de la identidad de otra persona y la cantidad de comercios y entidades financieras perjudicadas.
También se tuvo en cuenta la magnitud del perjuicio económico, el impacto sobre el patrimonio de la víctima y la afectación de la confianza en los mecanismos de identificación utilizados para concretar operaciones comerciales y financieras. El caso expuso cómo el extravío de documentos personales puede convertirse en la puerta de entrada a una cadena de fraudes de gran alcance.
