Benjamin EncinaLa disputa por los recursos naturales de las Islas Malvinas sumó este martes un nuevo capítulo judicial. La Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, un pedido para detener el avance del proyecto petrolero Sea Lion, mientras que el Reino Unido defendió las autorizaciones otorgadas para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la zona.
Se trata de un procedimiento sin antecedentes entre ambos países: es la primera vez que la Argentina lleva al Reino Unido ante un tribunal internacional por una controversia vinculada con Malvinas. Las audiencias comenzaron el 10 de noviembre y continuarán este miércoles, antes de que los magistrados evalúen la solicitud presentada por Buenos Aires.
La presentación argentina apunta contra el desarrollo de Sea Lion, un proyecto ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que tiene el 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, propietaria del 35% restante. Las empresas proyectan comenzar las perforaciones durante 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028.
El Gobierno formalizó su reclamo el 13 de octubre, mediante un pedido de medidas provisionales contemplado en el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). La intención es evitar que las operaciones avancen mientras continúa el procedimiento de arbitraje que deberá abordar la controversia principal.
Durante la audiencia, el embajador Mario Oyarzábal, representante argentino ante el Tribunal, expuso los fundamentos jurídicos y detalló cuatro medidas concretas. La primera consiste en solicitar que el Reino Unido suspenda las actividades vinculadas con Sea Lion; la segunda, que se abstenga de otorgar nuevas licencias o autorizaciones para operar en el área.
Los otros dos pedidos apuntan a que se preserve toda la información obtenida durante las tareas de exploración y se adopten medidas para proteger el medio ambiente marino. La Argentina sostiene que el avance de la explotación podría producir consecuencias que no podrían revertirse mediante una decisión judicial posterior.
Uno de los argumentos centrales está relacionado con el carácter no renovable de los hidrocarburos. Durante su exposición, Oyarzábal advirtió que la extracción de petróleo implica retirar recursos que no pueden ser restituidos. En ese sentido, sostuvo que lo que está en juego no podría recuperarse si el proyecto avanza antes de que se resuelva la controversia.
La delegación también cuestionó que Londres haya otorgado licencias de manera unilateral en un territorio cuya soberanía permanece en disputa. El planteo argentino recupera las resoluciones 2065 de Naciones Unidas, de 1965, que reconoció la existencia de la controversia, y 31/49, de 1976, que instó a las partes a evitar decisiones unilaterales mientras continúe el conflicto.
El especialista en derecho internacional Marcelo Kohen participó de la defensa jurídica argentina y explicó que el pedido no pretende que el Tribunal determine a quién pertenecen las islas. El objetivo, según el planteo, es que se adopten medidas para preservar los derechos que la Argentina reclama sobre la plataforma continental mientras se tramita el arbitraje.
La posición británica fue diferente. La representación del Reino Unido defendió su derecho a otorgar licencias petroleras y sostuvo que el Tribunal del Mar no tiene competencia para intervenir en una controversia que, desde su perspectiva, está relacionada con la soberanía territorial sobre las islas.
La fiscal general británica Ellie Reeves sostuvo que su país considera que la soberanía de Malvinas le corresponde y que, por esa razón, también reivindica derechos sobre los espacios marítimos adyacentes. Desde esa interpretación, Londres defiende la validez de las autorizaciones concedidas para avanzar con la actividad hidrocarburífera.
La representante británica también cuestionó que el planteo argentino pueda ser tratado por ese organismo internacional. Su argumento apunta a que la discusión sobre la soberanía terrestre excede las atribuciones del Tribunal y no debería resolverse mediante el procedimiento iniciado por Buenos Aires.
De esta manera, las audiencias quedaron atravesadas por dos cuestiones jurídicas diferentes: la competencia del Tribunal para dictar medidas provisionales y la protección de los recursos naturales mientras continúa la disputa. La Argentina sostiene que no hace falta resolver la soberanía para evitar que se produzcan cambios irreversibles en el área marítima.
El proyecto Sea Lion representa una iniciativa de gran escala. Las estimaciones difundidas por las compañías señalan que el yacimiento podría contener alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo. El plan contempla una explotación prolongada y la perforación de múltiples pozos, por lo que el Gobierno argentino considera urgente que se analice el pedido antes del inicio de las operaciones.
Las audiencias continuarán este miércoles 11 de noviembre, con nuevas exposiciones de las delegaciones. Luego, el Tribunal deberá evaluar si se cumplen las condiciones necesarias para conceder las medidas solicitadas. La resolución podría conocerse en las próximas semanas, aunque todavía no existe una fecha confirmada.
El procedimiento no resolverá la soberanía de las Islas Malvinas ni reemplazará el arbitraje previsto para tratar la controversia de fondo. Su alcance se limita a determinar si corresponde establecer restricciones temporales para proteger los derechos invocados por la Argentina durante el desarrollo del proceso internacional.
El resultado tendrá consecuencias sobre el futuro inmediato de Sea Lion y sobre la estrategia argentina para cuestionar las actividades petroleras británicas en el Atlántico Sur. Mientras tanto, el país busca que la discusión sobre la explotación de los recursos naturales no quede separada de la disputa territorial que continúa pendiente.
