Benjamin EncinaLa investigación por el ataque armado ocurrido en barrio Echeverría tendrá ahora un nuevo escenario judicial. Rodrigo Maximiliano Ortiz, de 19 años, falleció este jueves 12 de noviembre en el hospital Padilla, donde permanecía internado desde que recibió un disparo en la cabeza dentro de su vivienda. Por el hecho hay dos hombres detenidos y la Fiscalía deberá adecuar la acusación tras la muerte de la víctima.
El ataque se produjo el martes 10 de noviembre, alrededor de las 12:30, en una propiedad ubicada en Manuel Estrada al 2.100, en San Miguel de Tucumán. Según la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, dos hombres llegaron al domicilio y se desencadenó una discusión que terminó con el joven gravemente herido.
La investigación señala a José Luciano García, de 34 años, como quien habría ingresado armado a la vivienda y efectuado el disparo. El proyectil impactó en la región occipital, en la parte posterior de la cabeza. La víctima fue trasladada inicialmente al hospital Avellaneda y luego derivada al Padilla debido a la gravedad de su estado.
En el centro asistencial fue sometida a una intervención quirúrgica para extraerle un proyectil calibre nueve milímetros que había quedado alojado en su cabeza. Pese a la atención médica, su cuadro continuó siendo crítico y finalmente se confirmó su fallecimiento.
El segundo detenido es José Alberto Véliz, de 23 años. Para los investigadores, habría intervenido en la fuga del presunto autor del disparo: después del ataque, se presentó en el domicilio de García en una motocicleta y lo habría ayudado a escapar.
La causa está a cargo del fiscal Pedro Gallo, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios I. Durante la audiencia judicial, el Ministerio Público Fiscal solicitó medidas de coerción para ambos acusados. El juez hizo lugar al planteo y dispuso prisión preventiva por tres meses para García y por 40 días para Véliz, mientras continúa la investigación.
Hasta ese momento, la imputación atribuía a García la presunta autoría de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. En cuanto a Véliz, la Fiscalía le atribuyó encubrimiento agravado, por su supuesta colaboración para facilitar la fuga.
La muerte de Ortiz modifica el escenario de la causa y obliga a revisar la calificación legal que se había formulado inicialmente. La Fiscalía deberá determinar cómo adecuar los cargos a partir del fallecimiento y de los elementos reunidos durante la investigación.
En paralelo, los investigadores procuran establecer qué originó la discusión que terminó con el ataque. Una de las líneas apunta a un conflicto por una deuda de dinero, aunque también se mencionaron versiones relacionadas con una presunta deuda vinculada a la comercialización de drogas. Ninguna de esas hipótesis fue confirmada judicialmente hasta el momento.
Con el fallecimiento del joven, el expediente pasa a investigar un ataque que terminó con la vida de una persona de 19 años y que ya tiene a dos sospechosos privados de la libertad. La responsabilidad de cada uno y las circunstancias que desencadenaron la agresión deberán determinarse en el proceso judicial.
