
Condena y millonaria indemnización tras balear a un ciclista en Tucumán
Benjamin EncinaLa Justicia penal de la provincia dictó una condena de tres años de prisión de ejecución condicional y ordenó el pago de un millonario resarcimiento económico para el hombre responsable de haber baleado a quemarropa a un ciclista durante una violenta discusión en la vía pública. El grave suceso de inseguridad vial ocurrió el pasado 21 de mayo, alrededor de las 13:40, sobre la calle San Juan al 600, en pleno microcentro de San Miguel de Tucumán.
De acuerdo con el expediente instruido por el Ministerio Público Fiscal, el autor del atentado fue identificado como Gustavo José Luis Orce, de 50 años, quien se desplazaba al mando de un automóvil Ford Focus. Tras un aparente altercado de tránsito originado por un supuesto roce con el espejo retrovisor del rodado, Orce interceptó y mantuvo una fuerte discusión con Cristian Emanuel Palacios, de 43 años, que circulaba a bordo de su bicicleta por el sector céntrico.

La confrontación verbal escaló de manera desmedida hasta que el conductor perdió el control, extrajo de entre sus pertenencias una pistola semiautomática Bersa calibre 40 —la cual portaba de forma ilegal y sin ningún tipo de autorización oficial— y efectuó un disparo directo a quemarropa a menos de un metro de distancia contra la humanidad del ciclista, generando momentos de extrema tensión entre los transeúntes ocasionales.
El proyectil disparado por el agresor impactó de lleno en el hombro izquierdo de Palacios, causándole una lesión de gravedad que, milagrosamente, no logró comprometer órganos vitales ni vasos sanguíneos principales, demandando menos de un mes de recuperación médica según consignaron las historias clínicas incorporadas a la causa. Consumada la agresión armada, el atacante intentó darse a la fuga acelerando su vehículo, pero la rápida alerta emitida a las fuerzas policiales permitió que efectivos de la fuerza lograran interceptarlo y reducirlo a pocos metros del lugar del hecho.
Durante la investigación preliminar, el expediente acumuló un contundente plexo probatorio integrado por actas de procedimiento policial, certificados médicos oficiales, múltiples declaraciones testimoniales de testigos presenciales, registros fílmicos provistos por las cámaras del Centro de Monitoreo urbano y los resultados positivos arrojados por las pericias de dermotest practicadas al imputado.
Frente a la abrumadora carga probatoria reunida, el propio acusado optó por reconocer su absoluta autoría y responsabilidad penal, aceptando someterse a un proceso de juicio abreviado consensuado entre la fiscalía y la querella, lo que permitió cerrar la etapa de debate y llegar a una sentencia condenatoria firme.
Como consecuencia de este acuerdo judicial, el tribunal interviniente le impuso una pena de tres años de ejecución condicional, eximiéndolo del encierro efectivo en un establecimiento carcelario bajo la rigurosa obligación de cumplir diversas pautas de conducta durante el período de prueba, tales como fijar residencia legal, someterse al control periódico del Patronato de Liberados, abstenerse por completo de consumir sustancias estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, y mantener una prohibición absoluta de acercamiento a menos de 200 metros de la víctima y de su domicilio particular.
Asimismo, dentro de las severas restricciones impuestas al condenado se dictó la prohibición absoluta de tener o portar armas de fuego de cualquier tipo. Paralelamente, la resolución judicial estableció el pago de una histórica reparación económica integral fijada en una suma total de 18 millones de pesos, dinero que el agresor deberá abonar bajo un esquema financiero estipulado en diez millones de pesos pagaderos al contado y el saldo restante dividido en cuatro cuotas mensuales y consecutivas de dos millones de pesos cada una, destinados a resarcir los graves perjuicios ocasionados al ciclista damnificado.


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