
La ONU pidió explicaciones a Milei por los recortes en programas alimentarios
Benjamin EncinaEl Gobierno de Javier Milei recibió un pedido de explicaciones de cuatro mecanismos de Naciones Unidas por los recortes en programas de asistencia alimentaria y otras medidas que podrían afectar el acceso a los alimentos de los sectores de menores ingresos. La comunicación, de 13 páginas, fue enviada al Estado argentino y lleva fecha del 9 de septiembre de 2026. Cuatro mecanismos de Naciones Unidas enviaron una comunicación al Gobierno por posibles efectos de los recortes sobre el derecho a la alimentación.
El documento fue firmado por especialistas vinculados con el derecho a la alimentación, la vivienda adecuada, los derechos de los campesinos y la lucha contra la extrema pobreza. Entre ellos figuran Sofía Monsalve Suárez, Koldo Casla, Shalmali Guttal y Elena Carolina Díaz Galán. La carta está fechada el nueve de septiembre y contiene diez preguntas dirigidas al Estado argentino sobre las políticas implementadas desde diciembre de 2023.
Los expertos manifestaron preocupación por el impacto que podrían tener esas decisiones en mujeres, niños, familias de bajos ingresos, productores de la agricultura familiar y comunidades rurales. En particular, señalaron que la interrupción o reducción de la asistencia puede afectar a hogares que dependen de los comedores y de otros programas para acceder a alimentos.
Entre las iniciativas observadas aparece Alimentar Comunidad, destinado a respaldar comedores populares. También se mencionan modificaciones en proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que financiaban acciones alimentarias para grupos de bajos ingresos. Entre los programas observados aparece Alimentar Comunidad destinado a comedores, una de las herramientas señaladas por los especialistas.
La comunicación también cuestiona los efectos de cambios regulatorios impulsados mediante el DNU 70/23, que derogó la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, además de eliminar el Observatorio de Precios. También cuestiona cambios regulatorios nacionales y medidas vinculadas al abastecimiento, al considerar que podrían incidir sobre las condiciones de acceso a productos básicos.
La presentación que dio origen a la intervención fue realizada en mayo por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Mesa Agroalimentaria Argentina y otras organizaciones. Los planteos fueron incorporados por los mecanismos internacionales en su evaluación sobre la situación del derecho a la alimentación en el país.

Uno de los puntos que profundiza la discusión es el financiamiento de los comedores comunitarios. Según los datos difundidos junto con la comunicación, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción cercana al 10% en términos reales para el programa de abastecimiento de esos espacios. El documento menciona hogares vulnerables mujeres niños y comunidades rurales que podrían sufrir consecuencias desproporcionadas si se interrumpen las prestaciones.
El recorte acumulado de los recursos destinados a ese programa desde 2023 fue estimado en un 47,6%. A ese escenario se suma la eliminación del programa Volver al Trabajo, que incluía entre sus beneficiarios a personas que realizaban tareas en comedores y organizaciones comunitarias.
La carta concluye con diez preguntas dirigidas al Gobierno argentino. Entre ellas, solicita información sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a una alimentación adecuada y sobre los mecanismos de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil afectadas por las políticas públicas.
Según la información difundida, el plazo previsto para que el Estado presentara sus observaciones transcurrió sin que se conociera una respuesta oficial. Las preguntas siguen sin una respuesta pública informada por el Gobierno al momento de conocerse el contenido de la comunicación.
El pronunciamiento no constituye una sentencia ni una sanción internacional, sino un mecanismo formal de seguimiento de Naciones Unidas. Sin embargo, incorpora una nueva instancia de cuestionamiento sobre la política alimentaria argentina, en un contexto de discusión presupuestaria y debate sobre el alcance de la asistencia a los sectores vulnerables.


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