Belen LapetinaEl jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó su incorporación al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, una modalidad habilitada por la denominada Ley de Inocencia Fiscal, que permite a los contribuyentes adheridos quedar exceptuados de informar patrimonio y consumos personales.
La gestión fue realizada antes de la presentación de su declaración jurada patrimonial y se conoció mientras el funcionario enfrenta investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.
Según la información disponible en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la solicitud también fue presentada por su esposa, Bettina Angeletti. La adhesión tiene validez para el período fiscal 2025.
El régimen simplificado, reglamentado por el Gobierno y vigente desde el 1 de junio de 2025, busca reducir la carga administrativa de los contribuyentes que obtienen exclusivamente rentas de fuente argentina.
De acuerdo con los registros oficiales, Adorni se encuentra inscripto en el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2020 y desarrolla diversas actividades económicas desde hace más de una década. Entre ellas figuran servicios personales, asesoramiento empresarial, contabilidad, auditoría, asesoría fiscal y actividades vinculadas a agencias de noticias.
Desde ARCA aclararon que adherir al régimen simplificado no implica automáticamente acogerse a los beneficios de la Ley de Inocencia Fiscal, aunque ambas herramientas están relacionadas dentro del nuevo esquema tributario.
Mientras tanto, el funcionario continúa bajo la lupa de la Justicia. El juez federal Ariel Lijo concentra dos expedientes que involucran a Adorni: uno por presunto enriquecimiento ilícito y otro que investiga su vínculo con el periodista Marcelo Grandio, quien habría financiado un viaje familiar del funcionario a Punta del Este en un vuelo privado.
Según trascendió, la Justicia analiza la posibilidad de citar al jefe de Gabinete a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista para fines de julio.
La presentación de su declaración jurada es esperada por el Gobierno como una instancia clave para responder a los cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio.
