Belen LapetinaLa investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma un nuevo capítulo. La fiscalía trabaja en una medida considerada clave para determinar si el funcionario puede justificar el crecimiento de su patrimonio.
La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal federal Gerardo Pollicita, quienes analizan la evolución patrimonial del funcionario y el origen de fondos que, según declaró, fueron invertidos en criptomonedas junto a su esposa.
Uno de los puntos centrales de la investigación gira en torno a unos US$200.000 que Adorni aseguró haber invertido entre 2014 y 2018 en activos digitales, operación que —según su versión— le habría generado ganancias cercanas a los US$300.000.
La Justicia considera insuficiente la documentación presentada hasta el momento y exige pruebas concretas que permitan acreditar el origen de esos fondos y la titularidad de las inversiones realizadas.
El fiscal Pollicita avanza en un extenso requerimiento de justificación patrimonial, una instancia previa a una eventual citación a indagatoria.
El documento, que superaría las 150 páginas, recopila información financiera, declaraciones juradas y movimientos patrimoniales que serán analizados para verificar la consistencia de los datos aportados por el funcionario.
Además, la fiscalía espera una declaración reservada donde deberán figurar detalles vinculados a las cuentas y accesos de las criptomonedas mencionadas en el expediente.
En los últimos días, la fiscalía solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero información sobre declaraciones juradas originales y rectificativas correspondientes a los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025.
También requirió documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción para incorporarla al análisis patrimonial que realiza la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones.
Si la Justicia concluye que Adorni no logra acreditar de manera suficiente el origen y la evolución de sus bienes, el próximo paso podría ser un llamado a indagatoria, instancia en la que deberá responder formalmente sobre las inconsistencias detectadas en la investigación.
Mientras tanto, la causa continúa reuniendo pruebas y documentación para determinar si existió o no un incremento patrimonial injustificado.
