Belen LapetinaLa Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, en un fallo que representa un importante revés para la administración de Javier Milei.
La decisión judicial ratifica la vigencia de la normativa y exige al Ejecutivo avanzar con su implementación, pese a los cuestionamientos que había planteado sobre la disponibilidad de recursos para sostener algunos de sus puntos principales.
La controversia surgió luego de que el Gobierno pusiera en duda la viabilidad financiera de la ley, especialmente en aspectos relacionados con la actualización salarial de los docentes universitarios y el fortalecimiento de distintos programas destinados a estudiantes.
La Ley 27.795 fue impulsada con el objetivo de garantizar mayores recursos para las universidades nacionales y brindar previsibilidad al sistema de educación superior. Sin embargo, el debate sobre el origen de los fondos generó tensiones entre el Ejecutivo, sectores de la oposición y organizaciones vinculadas al ámbito académico.
Tras conocerse el fallo, referentes universitarios celebraron la resolución y destacaron que permitirá asegurar el funcionamiento de las instituciones educativas y brindar mayor estabilidad a docentes y estudiantes.
Ahora, el Gobierno deberá adecuar sus previsiones presupuestarias para cumplir con lo dispuesto por la Justicia, mientras continúa el debate político sobre el financiamiento de la educación pública en Argentina.
