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title: "El tribunal del caso Érika Álvarez ratificó su independencia ante las amenazas"
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description: "Tras las denuncias de intimidación durante el debate, los jueces aseguraron que resolverán según las pruebas y pidieron realizar denuncias formales."
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date_published: "2026-10-29T12:15:00-03:00"
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tags:
  - "Erika Álvarez"
  - "Femicidio"
  - "Juicio oral"
  - "Justicia"
  - "Tribunales"
  - "Tucumán"
author_name: "Benjamin Encina"
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category_name: "Judiciales"
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# El tribunal del caso Érika Álvarez ratificó su independencia ante las amenazas

El juicio oral por el femicidio de **Érika Antonella Álvarez** atravesó una nueva jornada de tensión en los Tribunales de Tucumán. Ante las denuncias por **presuntas amenazas e intimidaciones** vinculadas con el proceso, el tribunal colegiado ratificó su independencia y advirtió que ninguna presión externa modificará sus decisiones.

El juez **Gonzalo Ortega**, quien preside el cuerpo integrado también por **María Valeria Mibelli y Eliana Gómez Moreira**, sostuvo que los magistrados no recibieron presiones y remarcó que la resolución final dependerá exclusivamente de la prueba incorporada durante las audiencias. **“No recibimos presión de ningún tipo y de ninguna manera. Quien decide en última instancia siempre es el tribunal”**, afirmó.

La declaración se produjo durante la **cuarta jornada del debate oral**, luego de un episodio que tuvo como protagonista a **Marcelo Cosiansi**, abogado defensor de **Felipe “El Militar” Sosa**, principal acusado por el crimen. El letrado manifestó ante los jueces que había recibido amenazas y expresó preocupación por la seguridad de su familia, por lo que pidió retirarse de la sala.

Cosiansi aseguró que **“se cruzaron todo tipo de límites”** y dejó abierta la posibilidad de abandonar definitivamente la defensa. Su planteo generó inquietud en el desarrollo del proceso, especialmente porque se produjo después de las controversias que rodearon la declaración de Sosa y sus manifestaciones sobre el traslado del cuerpo de la víctima.

En paralelo, **Florencia Abdala**, representante legal de **Justina Gordillo**, aclaró que su equipo no había sufrido amenazas directas de carácter personal. Sin embargo, explicó que presentó **capturas de publicaciones en redes sociales** mediante el sistema institucional SAE para solicitar medidas preventivas de resguardo. Según indicó, los mensajes también hacían referencias a **los hijos y los padres de la imputada**.

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Las dos situaciones se conocieron durante la misma jornada, aunque **no hay información oficial que permita establecer una conexión entre ellas** ni identificar a los responsables de las presuntas intimidaciones. Por ese motivo, las denuncias deberán ser investigadas por las vías correspondientes, sin atribuir responsabilidades antes de que existan elementos que las respalden.

Ante este escenario, Ortega instó a quienes participen del juicio y consideren que están siendo amenazados a **presentar las denuncias penales correspondientes**. El magistrado remarcó que los eventuales amedrentamientos, sean directos o indirectos, no serán considerados al momento de valorar las pruebas ni de dictar sentencia.

La tensión se suma a los acontecimientos de las audiencias anteriores. Durante la segunda jornada, **Sosa reconoció que trasladó y dejó el cuerpo de Érika en un basural de Manantial Sur**, y sostuvo que actuó solo, sin intervención de los otros acusados. Sus dichos abrieron interrogantes sobre las responsabilidades que se debaten en el expediente y generaron distintas interpretaciones entre las defensas y las partes acusadoras.

En la audiencia siguiente, el imputado había manifestado que se sentía descompuesto y recibió asistencia médica dentro de Tribunales. Aunque había anunciado su intención de declarar, finalmente guardó silencio. Estos episodios contribuyeron al clima de incertidumbre que rodea el juicio, en el que las declaraciones y los elementos periciales continúan bajo análisis.

Pese al incidente protagonizado por Cosiansi, **el debate oral continuó sin ser suspendido**. El tribunal deberá garantizar que las partes puedan ejercer sus funciones y que el proceso avance con las condiciones necesarias para escuchar testimonios, analizar las pruebas y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Mientras se aguarda información sobre posibles medidas de protección, la postura de los jueces apunta a preservar **la independencia judicial y el normal desarrollo del juicio**. Las denuncias por amenazas deberán seguir su propio curso, mientras que el caso por la muerte de Érika Álvarez deberá resolverse a partir de los elementos incorporados legalmente al expediente.

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