En las últimas horas, se llevó adelante una audiencia en el marco de una causa que investigó el intento de asalto que sufrió una adolescente de 12 años el pasado 5 de junio, en Banda del Río Salí. Intervino la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, al mando de Diego Hevia, que en esta ocasión presentó un convenio de juicio abreviado firmado junto a la defensa técnica de uno de los acusados, David Rubén Cabral.
En tanto que para su cómplice, Margarita Lucía Santana, su defensor ofreció una suspensión de juicio a prueba (probation), y además deberá resarcir a la víctima con $30 mil. Ambos llegaron a esta instancia imputados como coautores del delito de robo simple en grado de tentativa.
La teoría del caso estableció que, a las 17:30 horas del día del hecho, dos menores estaban en la parada del colectivo 129, ubicada en la esquina de avenida Brígido Terán y Sargento Cabral, cuando los acusados se aproximaron a una de las adolescentes y le preguntaron la hora.
La joven se asustó y trató de huir, pero Santana la sujetó del cabello y la tiró hacia atrás mientras le exigía que le entregue el celular. Simultáneamente, Cabral apoyaba la acción de su compañero diciéndole a la víctima “¡dale el celular!”. Se produjo un forcejeo en el cual se rompieron los zapatos de la menor, que finalmente logró soltarse y retirarse del lugar.
“Es un hecho violento cometido en contra de una víctima mujer y menor de edad. Entiendo que fue seleccionada por los coautores teniendo en cuenta su grado de indefensión y las pocas probabilidades de resistirse ante dos adultos. La víctima sufrió una lesión, esto la afectó no sólo física, sino también psíquicamente”, manifestó el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Bustos.
El investigador precisó que las partes pactaron para Cabral la pena de siete meses de prisión efectiva (ya contada con antecedentes penales).
En cuanto a la probation para Santana, la misma fue solicitada por el plazo de un año y consiste en la realización de tareas comunitarias en un centro de salud infantil, una reparación económica a la víctima de $ 30.000 y el cumplimiento de una serie de reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento a la joven damnificada. Finalmente, en su resolución el juez interviniente aceptó todo lo requerido por las partes y avaló ambas salidas alternativas en la causa./Ministerio Público Fiscal
