Las víctimas iban al local a solicitar turnos para préstamos de Anses y la mujer abusando de su confianza, les pedía sus tarjetas de débito, claves, DNI y se dirigía a un cajero para extraer dinero de sus cuentas. El Ministerio Público Fiscal (MPF) estableció la responsabilidad de la imputada y llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la defensa y el consentimiento de los damnificados.
En el marco de una audiencia realizada este lunes, la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, conducida por Carlos Saltor, presentó un convenio de juicio abreviado firmado conjuntamente con la acusada Carolina de Los Ángeles Córdoba (46) y su defensa técnica. Se trata de la dueña de un drugstore, ubicado en avenida Juan B. Justo al 900 de la capital, que estafó al menos a tres jubilados que la denunciaron por haberlos engañado y extraído dinero en efectivo de sus cuentas bancarias. Los hechos ocurrieron entre el 28 de diciembre del año pasado y el 10 de enero.
El acuerdo, que contó con la conformidad de las víctimas, fue expuesto por la auxiliar de fiscal Jessie Luz García.
En primer término, la investigadora relató los cuatro hechos (ver aparte en detalle) atribuidos a Córdoba y mencionó cuáles fueron las pruebas recolectadas.
Acto seguido, sostuvo que las partes pactaron la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta, al encontrarla autora del delito de estafa mediante el uso no autorizado de una tarjeta de débito, reiterado en cuatro oportunidades.
Al ser consultada por el juez sobre si era o no responsable de los hechos que se le endilgaban, la imputada reconoció su participación en los mismos y se declaró culpable.
Por su parte, al momento de comunicar su resolución, el magistrado consideró que estaban dados todos los requisitos para declarar admisible el convenio pleno de juicio abreviado y condenar a Córdoba.
Hecho 1
El 28 de diciembre del 2023, a la mañana, una señora ingresó al drugstore y fue atendida por Córdoba, a quien le pagó para sacarle un turno para préstamos de Anses. La acusada le pidió que le diera su tarjeta de débito del banco, la clave y su DNI. A continuación, le solicitó a la señora que esperara, ya que faltaba un “supuesto blanqueo de Anses” de la tarjeta, por lo que le dijo que ella lo haría. La imputada se dirigió hasta el cajero de calle La Rioja al 200, sacó un préstamo de $80.000 a nombre de la víctima y realizó tres extracciones que sumaban $70.000. Volvió al negocio y le dijo a la clienta que no había podido solicitar el turno.
Hecho 2
El 3 de enero del 2024, al mediodía, la misma señora regresó al drugstore y fue atendida por Córdoba, quien abusando otra vez de su confianza volvió a pedirle su tarjeta de débito y solicitó un préstamo de $100.000 sin su consentimiento. Acto seguido hizo dos extracciones por el monto total de $50.000.
Hecho 3
El 4 de enero, a las 13:50 horas, una mujer entró al drugstore ubicado y fue atendida por la acusada, a quien le pagó para sacarle un turno para préstamos de Anses, a lo que le solicitó que le diera su tarjeta de débito del banco, la clave y su DNI. La víctima, confiando en la legitimidad del proceso, entregó los documentos requeridos. Córdoba se dirigió hasta el cajero y pidió un préstamo de $200.000 a nombre de la víctima y realizó dos extracciones que hacían $50.000, volvió al local y le dijo a la señora que le había solicitado un préstamo por $160.000, a lo que le reclamó por qué se había tomado la atribución de sacar el préstamo sin su consentimiento.
Hecho 4
El 9 de enero a la mañana, un hombre entró al drugstore y fue atendido por la imputada, a quien le comentó que estaba cobrando muy poco de jubilación, por lo que ella se comprometió a gestionarle un aumento salarial y procedió a sacarle fotografías con su teléfono celular en un fondo azul. Al día siguiente, la víctima acudió nuevamente al quiosco y fue instruida y acompañada por Córdoba para iniciar un expediente de reajuste salarial en Anses, así como para activar una tarjeta de débito en el banco. Por la tarde, el señor regresó para consultarle el estado de los trámites, por lo que la acusada le solicitó que le haga entrega de la tarjeta de débito y la clave para poder sacar del cajero un “comprobante previsional”. Córdoba fue al cajero y sacó un préstamo a nombre de la víctima por $100.000 e hizo extracciones por $98.000./Ministerio Público Fiscal
