El policía de la provincia realizaba el cobro de alquileres a puesteros de una feria y además efectuó la venta de propiedades sin contar con ninguna autorización para hacerlo. El perjuicio total obtenido a lo largo de los engaños efectuados por el uniformado estaría estimado en $70.000.000. El Ministerio Público Fiscal (MPF) lo acusó por cinco hechos al recolectar los elementos de pruebas suficientes.
Así, este domingo se realizó la audiencia correspondiente al control de la detención, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción por parte del MPF.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad, a cargo de Mariano Fernández, siendo representado en la misma por el auxiliar de fiscal Rodrigo Gustavo Bilbao. En esa instancia, la Fiscalía acusó al sargento primero Edgardo Daniel Chavarría por los delitos calificados como: administración fraudulenta, abuso por estafa de confianza y estelionato en tres oportunidades, en calidad de autor.
«Chavarría no estaba autorizado al cobro de los alquileres. Quien tuvo que absorber esos montos fue la víctima, a quien se le causó un gran daño patrimonial. Todas estas maniobras las realizaba mediante documentación apócrifa. Existen multiplicidad de víctimas. Claramente, es un especialista en este tipo de delitos. No nos debemos olvidar que se trata de un empleado policial quien ha cometido estos cuantiosos delitos», señaló el auxiliar de fiscal, quien requirió la prisión preventiva por cuatro meses ante la vigencia de los riesgos procesal de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación; y para avanzar en las numerosas medidas investigativas a partir de los elementos secuestrados. El juez interviniente resolvió hacer lugar por 45 días a las medidas de coerción solicitadas por el MPF.
Los cargos
La investigación surge a partir de una denuncia de una de las víctimas, solicitando la UFI interviniente medidas de allanamientos a domicilios, que se hicieron efectivas el viernes pasado, secuestrando elementos relacionados con la investigación, por lo que el fiscal dispuso la detención del uniformado.
Chavarría fue acusado por cinco hechos: El primero consiste en que el empleado policial, prestaba tareas de vigilancia en la feria Paseo Sáenz Peña, ubicado en avenida Sáenz Peña al 100. Al mismo se le encargó el cobro de los alquileres, hasta que en la segunda semana de enero de 2024 no se presentó a rendir cuentas, generando un perjuicio de $800.000 aproximadamente.
En tanto, simulando contar con facultades de administración que no poseía engaño aproximadamente a 22 locatarios, cobrando alquileres por adelantado, dinero que nunca fue rendido, entregando falsos recibos sin autorización por montos entre $200.000 y $550.000.
A continuación, entre agosto y octubre de 2023, engañó a dos feriantes, vendiéndoles sin autorización dos locales por los montos de $1.600.000 por cada una de las propiedades.
Luego, el 16 de junio de 2022 vendió dos terrenos en la zona de La Cañada, Tafí Viejo, por $6.000.000, simulando ser cesionario de los derechos sobre esos inmuebles. Finalmente, el 27 de junio de 2023, mediante un boleto de compra-venta falso, vendió como propio un bien ajeno a su propiedad a una de las víctimas por $5.500.000.
