Benjamin EncinaEl Gobierno de Javier Milei atraviesa una nueva etapa de su programa económico: mientras la desaceleración de la inflación aparece como uno de sus principales logros, las preocupaciones de la sociedad comenzaron a desplazarse hacia el poder adquisitivo, los salarios, las tarifas y el empleo.
El análisis plantea que el principal desafío para el oficialismo ya no pasa únicamente por controlar la inflación, sino por conseguir que la estabilización económica se traduzca en una mejora concreta en la vida cotidiana de los argentinos.
De acuerdo con relevamientos de Casa Tres, la situación económica general aparece actualmente como la principal preocupación del país, con un 19% de las respuestas. Le siguen la corrupción (16%), los bajos salarios (13%) y el desempleo (12%).
El cambio representa una modificación importante respecto del escenario de finales de 2023, cuando la inflación era el principal problema señalado por la sociedad. Con la desaceleración de los precios, el foco comenzó a trasladarse hacia la capacidad de los hogares para afrontar sus gastos y sostener su nivel de consumo.
Uno de los puntos centrales del nuevo escenario es la evolución de los ingresos. Según un relevamiento de Zentrix Consultora, el 87,4% de los argentinos considera que su salario está perdiendo frente a la inflación.
El dato también atraviesa a los votantes del oficialismo: entre ellos, el porcentaje llega al 73%, mientras que entre los opositores alcanza el 97,1%.
El mismo estudio señala que dos de cada tres argentinos llegan al final del mes sin dinero suficiente y que el 86,6% considera que un solo empleo ya no alcanza para vivir.
Además, el 61,9% de los encuestados afirmó haberse endeudado durante los últimos seis meses, otro indicador que refleja las dificultades que atraviesan los hogares para sostener sus gastos.
Estos números muestran que una menor inflación no necesariamente es percibida automáticamente como una mejora económica. La diferencia está entre los indicadores macroeconómicos y la experiencia cotidiana de las familias, marcada por el costo de los alimentos, alquileres, transporte, servicios y tarjetas.
Otro de los puntos centrales del análisis es el impacto de las tarifas de los servicios públicos sobre los ingresos de los trabajadores.
Según el informe, a fines de 2023 las tarifas representaban aproximadamente el 6% del salario promedio registrado. Actualmente, esa proporción habría trepado hasta el 15% del ingreso.
El incremento de la participación de las facturas de luz, agua y gas en los presupuestos familiares se explica, en buena medida, por la reducción de subsidios implementada por el Gobierno dentro de su estrategia para disminuir el gasto público y avanzar hacia un esquema de mayor cobertura de costos por parte de los usuarios.
La consecuencia política es directa: el Gobierno puede mostrar una mejora en determinadas variables macroeconómicas, pero necesita que esa estabilización sea acompañada por una recuperación perceptible del ingreso real.
Los estudios de opinión también muestran una relación entre el impacto del ajuste económico y la evaluación política de la gestión de Javier Milei.
Entre las personas que tuvieron que recortar o resignar consumos cotidianos, el 79% manifestó una postura negativa hacia el Gobierno nacional.
En cambio, el respaldo al Presidente alcanza el 25% entre quienes aseguran no haber sufrido ese tipo de restricciones.
El dato refleja uno de los principales desafíos para la Casa Rosada: sostener el apoyo social mientras avanza con un programa que prioriza el equilibrio fiscal, la reducción de subsidios y una política salarial que busca evitar que los aumentos de ingresos vuelvan a alimentar la inflación.
La discusión económica comienza así a ingresar en una etapa diferente. El desafío inicial era frenar la inflación y ordenar las cuentas públicas. Ahora, con una inflación más desacelerada, la pregunta central pasa por saber cuándo esa estabilización podrá traducirse en mayor poder de compra, recuperación del consumo y mejores condiciones laborales.
El escenario también tiene una dimensión política. El Gobierno necesita construir consenso alrededor de las reformas que pretende impulsar y, al mismo tiempo, responder a una sociedad que comienza a evaluar la gestión no solamente por la evolución de los precios, sino por cuánto puede comprar con su salario y cuánto dinero queda disponible después de pagar los servicios.
En ese contexto, la economía cotidiana se transforma en una variable clave para el futuro político de Milei. La capacidad del Ejecutivo para convertir la estabilidad macroeconómica en una mejora concreta del poder adquisitivo será determinante para consolidar su programa y sostener el respaldo social durante la segunda mitad de 2026.
