Dudas sobre la residencia de Lisandro Catalán abren un nuevo frente de cara a las elecciones de 2027

El nombre de Lisandro Catalán comenzó a ganar protagonismo dentro del escenario político tucumano de cara a 2027, pero una nueva controversia puso el foco sobre un aspecto clave para sus aspiraciones electorales: su residencia en la provincia.

Una publicación de el tucumano, basada en un informe comercial de Dateas fechado el 17 de agosto de 2026, señala que existen tres domicilios “probablemente vinculados” al dirigente. Según el documento, dos están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y otro en Bella Vista, provincia de Buenos Aires, este último registrado con la categoría “LEGAL/REAL” y con ARCA como fuente.

El dato adquiere relevancia porque la Constitución de Tucumán exige dos años de residencia inmediata en la provincia entre los requisitos para acceder a la Gobernación. Sin embargo, la información disponible no permite afirmar por sí sola que Catalán no resida en Tucumán ni que esté impedido de ser candidato. La diferencia entre domicilio registrado y residencia efectiva es fundamental y debería determinarse mediante documentación y, eventualmente, por las autoridades electorales competentes.

La controversia también se relaciona con una acusación pública formulada por Mariano Campero, quien cuestionó el domicilio declarado por Catalán y habló de un supuesto falseamiento. Hasta el momento, esa acusación no constituye una condena ni demuestra que se haya cometido un delito.

Otro elemento mencionado en el informe es la trayectoria profesional de Catalán, vinculada a distintos organismos y sociedades con actividad en Buenos Aires, entre ellos Provincia Bursátil, Provincia Seguros, Grupo Provincia, Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas y OPTAR. Estos antecedentes tampoco prueban dónde residió efectivamente, pero forman parte de los elementos utilizados para plantear el interrogante.

La publicación también menciona fotografías del dirigente en un aeropuerto en distintas oportunidades. Las imágenes podrían servir para reconstruir movimientos si se verifican sus fechas y circunstancias, aunque por sí solas no permiten determinar el lugar de residencia de una persona.

El RENAPER, otro punto de la discusión

La controversia suma un componente institucional. Lisandro Catalán fue designado vicejefe de Gabinete del Interior en 2024, y durante esa etapa el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) se encontraba bajo la órbita de esa estructura.

Según la publicación, la Resolución 93/2025, firmada por el propio Catalán, identifica al RENAPER como organismo descentralizado actuante dentro de la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.

Este dato, por sí mismo, no demuestra ninguna manipulación ni irregularidad. Tampoco existe, según los elementos citados, evidencia que permita afirmar que Catalán haya intervenido personalmente para modificar un domicilio o haya cometido un delito.

¿Qué dice la ley sobre un eventual domicilio falso?

La discusión podría adquirir una dimensión penal únicamente si se demostrara judicialmente que una persona denunció deliberadamente un domicilio falso.

El artículo 137 del Código Electoral Nacional contempla para esa conducta una pena de seis meses a tres años de prisión, salvo que corresponda aplicar una figura penal más grave.

Esto no significa que Catalán haya cometido ese delito ni que exista actualmente una condena en su contra. Se trata de una posibilidad jurídica mencionada en el análisis y que requeriría una investigación y una eventual comprobación judicial.

La pregunta que queda abierta

El punto central de la discusión es si Catalán puede acreditar los dos años de residencia inmediata en Tucumán que exige la Constitución provincial para acceder a la Gobernación.

Para determinarlo sería necesario conocer dónde residió efectivamente durante el período correspondiente, qué domicilio declaró ante los organismos oficiales, dónde estuvo empadronado y qué documentación puede presentar para acreditar su residencia.

Por ahora, la información publicada plantea interrogantes, pero no demuestra que Catalán esté inhabilitado para competir ni que haya cometido un delito.

Con el escenario político de 2027 comenzando a tomar forma, la cuestión del domicilio y la residencia podría convertirse en un nuevo punto de discusión dentro de la interna política tucumana. La respuesta definitiva dependerá de los documentos oficiales, de la acreditación de la residencia efectiva y, si eventualmente existiera una impugnación, de la decisión de las autoridades electorales y judiciales correspondientes.