El Gobierno prepara una reforma judicial para reducir Comodoro Py y reforzar las fronteras

El Gobierno nacional avanza con el diseño de una nueva reforma judicial que busca modificar la estructura de la Justicia Federal, reducir el peso de Comodoro Py y trasladar recursos y capacidades hacia los juzgados ubicados en las zonas de frontera, especialmente aquellas regiones afectadas por el narcotráfico, el contrabando y otros delitos transnacionales.

Según trascendió desde la Casa Rosada, el proyecto todavía se encuentra en etapa de elaboración, pero el Ejecutivo tiene previsto enviarlo al Congreso en septiembre. La intención oficial es realizar una redistribución de estructuras, cargos y recursos dentro del sistema judicial federal para fortalecer las jurisdicciones consideradas estratégicas.

Uno de los principales ejes de la iniciativa será reforzar los juzgados federales de primera instancia ubicados en las fronteras. El Gobierno considera que algunas de estas jurisdicciones tienen una carga de trabajo muy elevada debido a causas relacionadas con narcotráfico, crimen organizado, contrabando y delitos transnacionales, pero cuentan con estructuras insuficientes para responder a esa demanda.

La propuesta plantea como contracara una reducción de estructuras en sectores de la Justicia Federal que el Ejecutivo considera sobredimensionados. Entre los cambios que se analizan aparece el achicamiento de Comodoro Py, donde actualmente funcionan 12 juzgados federales de primera instancia. El proyecto contempla reducir esa cantidad a 8 juzgados, aunque la modificación todavía necesita ser aprobada por el Congreso.

También está bajo análisis una reducción en la Cámara Federal de Casación Penal, que pasaría de 13 integrantes a 9, de acuerdo con el esquema que analiza el Gobierno. La intención es que parte de los recursos liberados puedan ser destinados a los tribunales de primera instancia del interior, particularmente a aquellos ubicados en zonas consideradas críticas.

El diagnóstico oficial también apunta a la situación de los juzgados federales del interior del país, donde existen numerosas vacantes y problemas para cubrir cargos. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había advertido públicamente sobre la gravedad de esta situación y puso como ejemplo el caso de una jueza federal de La Pampa que actualmente debe subrogar el Juzgado Federal de Tartagal, en Salta.

Mahiques calificó como “catastrófico” el nivel de vacantes en la Justicia Federal del interior, especialmente en las zonas de frontera donde el Estado enfrenta investigaciones vinculadas con el tráfico de drogas y otras modalidades del crimen organizado.

La reforma se inscribe dentro de una agenda judicial más amplia que el Gobierno de Javier Milei viene preparando desde hace meses. El plan general contempla fortalecer la Justicia Federal en las provincias, crear o ampliar estructuras judiciales en distintas regiones y avanzar con modificaciones en diferentes áreas del sistema.

Entre las regiones que aparecen como prioritarias se encuentran las provincias del Norte Grande, debido a su ubicación estratégica frente a las fronteras internacionales y a la creciente preocupación por el avance del narcotráfico y otros delitos asociados al crimen organizado.

En este nuevo esquema, la prioridad estaría puesta en mejorar la capacidad de investigación y respuesta de los juzgados que intervienen directamente en las causas, en lugar de concentrar una cantidad importante de recursos en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo no es solamente reducir cargos, sino redistribuir capacidades para que los recursos judiciales estén presentes donde consideran que existe una mayor necesidad operativa.

Sin embargo, el proyecto todavía no está cerrado. En la Casa Rosada reconocen que quedan por definir qué tribunales del interior serán alcanzados, cuántos cargos serán eliminados, cuáles serán trasladados y qué nuevas estructuras podrían crearse o fortalecerse.

La iniciativa deberá ser enviada al Congreso, donde tendrá que atravesar el debate parlamentario antes de convertirse en ley. Por tratarse de modificaciones en la estructura de la Justicia Federal, el Gobierno necesitará conseguir respaldo político para avanzar con los cambios.

La reforma podría tener impacto directo en Tucumán, ya que la provincia forma parte de una región considerada estratégica por su ubicación dentro del corredor del norte argentino y por las investigaciones federales vinculadas con el narcotráfico y el contrabando.

El planteo oficial es que una Justicia Federal con mayor presencia y recursos en las zonas fronterizas permita responder con mayor rapidez a las causas complejas y reducir las demoras provocadas por la falta de magistrados y funcionarios.

La discusión que se abrirá en septiembre, por lo tanto, no solo estará centrada en el futuro de Comodoro Py, sino también en cómo se distribuirán los recursos de la Justicia Federal en todo el país y qué lugar tendrán las provincias del norte dentro de esa nueva estructura.