Belen LapetinaEl Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra las empresas que participan del proyecto petrolero Sea Lion, en las Islas Malvinas, por realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos sin autorización ni concesión del Estado argentino.
La presentación alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic Limited, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de sus directivos, representantes e intermediarios.
El Gobierno pidió determinar si la estructura utilizada para financiar y desarrollar el proyecto podría configurar los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.
También denunció posibles infracciones a la Ley 26.659, que sanciona la exploración y explotación de hidrocarburos no autorizada en áreas vinculadas con la plataforma continental argentina.
La presentación incluye, además, pedidos para investigar posibles delitos de contaminación ambiental y contrabando.
Entre las medidas solicitadas figuran embargos preventivos, inhibiciones de bienes y el secuestro de equipos e insumos vinculados con el proyecto.
También se pidió evaluar el decomiso de los materiales, equipos e hidrocarburos que eventualmente sean extraídos.
La denuncia se presentó luego de que las empresas anunciaran la Decisión Final de Inversión para avanzar con el proyecto.
El plan contempla la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante de almacenamiento y descarga. Las compañías prevén obtener el primer barril de petróleo en 2028.
Para el Gobierno argentino, el proyecto implica un avance sobre recursos naturales ubicados en áreas cuya soberanía reclama el país.
La denuncia fue presentada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
En paralelo, el presidente Javier Milei anunció la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto de ley para reforzar la defensa de la soberanía nacional.
La Justicia deberá determinar ahora si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación y las medidas solicitadas por el Gobierno.
