Grandes cargamentos y rutas aéreas ponen a Tucumán en alerta por el narcotráfico

Tucumán enfrenta un desafío que ya no puede analizarse solamente desde el narcomenudeo. Diferentes investigaciones desarrolladas durante los últimos meses comenzaron a mostrar operaciones de mayor escala, conexiones con otras provincias y movimientos de cargamentos valuados en cientos de millones de pesos.

A ese escenario se suma una preocupación que desde hace años aparece periódicamente entre investigadores y especialistas: la posibilidad de que aeronaves utilizadas por organizaciones criminales atraviesen el espacio aéreo del norte argentino para transportar droga.

La ubicación geográfica de Tucumán resulta determinante.

La provincia se encuentra en medio de corredores que conectan zonas fronterizas del norte con los principales centros urbanos del país. Las organizaciones pueden utilizar rutas terrestres para trasladar sustancias desde Bolivia y otras áreas fronterizas hacia provincias del centro y Buenos Aires.

Un procedimiento reciente volvió a exponer ese funcionamiento.

La Justicia Federal investiga a un grupo con participación de tucumanos que fue detenido en Santiago del Estero cuando transportaba 57 kilos de marihuana, cuyo valor fue estimado en alrededor de $400 millones. La hipótesis investigativa sostiene que la droga habría ingresado desde Bolivia y tenía como destino final Buenos Aires.

No se trata del único cargamento de magnitud que puso a Tucumán dentro del radar.

Otra investigación intenta determinar responsabilidades alrededor de 470 kilos de cocaína, un cargamento valuado en aproximadamente US$2,3 millones. En ese expediente, el análisis de teléfonos y registros de geolocalización fue señalado como una herramienta importante para intentar reconstruir quiénes estaban detrás de la operación.

La dimensión de estos procedimientos plantea una diferencia importante respecto de la venta barrial.

Mientras el narcomenudeo distribuye pequeñas cantidades directamente a consumidores, los grandes movimientos requieren logística, vehículos, financiamiento, lugares de almacenamiento y contactos distribuidos en distintas jurisdicciones.

Es allí donde la coordinación entre provincias adquiere especial relevancia.

Una organización dedicada al traslado puede atravesar varias jurisdicciones en pocas horas. Si las fuerzas de seguridad y las fiscalías trabajan de manera aislada, reconstruir toda la cadena se vuelve considerablemente más complejo.

La posibilidad de movimientos aéreos agrega otra dificultad.

Una aeronave puede evitar los controles instalados sobre las rutas y utilizar pistas improvisadas o sectores rurales alejados de los principales centros urbanos. Sin embargo, la existencia de vuelos clandestinos específicos debe comprobarse en cada investigación y no puede darse por establecida únicamente a partir de sospechas generales.

Ese punto resulta especialmente importante para evitar conclusiones apresuradas.

El crecimiento de investigaciones vinculadas con grandes cargamentos no demuestra por sí mismo que Tucumán se haya convertido en un centro aéreo del narcotráfico. Sí constituye una señal suficiente para reforzar los mecanismos de detección y compartir información entre fuerzas provinciales y federales.

El problema también alcanza el patrimonio de las organizaciones.

Investigaciones recientes pusieron bajo análisis vehículos registrados a nombre de personas que aparentemente no contaban con ingresos suficientes para justificar esas adquisiciones, una circunstancia que abrió sospechas sobre posibles prestanombres utilizados para ocultar bienes vinculados con estructuras criminales.

El desafío, por lo tanto, no termina con encontrar droga.

Seguir el dinero, identificar propietarios reales de vehículos e inmuebles, reconstruir comunicaciones y establecer vínculos entre provincias son herramientas necesarias para avanzar sobre niveles superiores de las organizaciones.

En los barrios tucumanos, mientras tanto, el narcomenudeo continúa representando otro frente. Investigaciones periodísticas ya habían advertido durante este año sobre el crecimiento de detenciones y sobre mecanismos utilizados por vendedores para ganar influencia dentro de comunidades vulnerables.

Ambos fenómenos terminan conectándose.

Los grandes cargamentos necesitan redes para distribuirse y las redes locales necesitan proveedores capaces de abastecerlas. Desarticular solamente uno de esos extremos permite que la estructura pueda reconstruirse.

Los procedimientos recientes muestran que Tucumán ocupa un lugar que merece atención dentro de los corredores del NOA. La respuesta necesitará controles terrestres y aéreos, investigaciones financieras y, especialmente, intercambio permanente de inteligencia entre provincias y fuerzas federales.

Una nueva ley o mayores penas pueden sumar herramientas, pero el desafío central estará en detectar la estructura completa antes de que la droga llegue a los puntos de distribución.