Belen LapetinaLa Justicia Federal de Río Grande dictó una medida cautelar que obliga a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum a suspender las actividades relacionadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.
La resolución fue emitida por la jueza federal Mariel Borruto a partir de una presentación realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
La suspensión alcanza las perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial, además de otras obras vinculadas al emprendimiento. La medida continuará vigente hasta que se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente, salvo que el juzgado disponga posteriormente otra medida.
La resolución establece que las empresas deberán abstenerse de iniciar o continuar actos materiales relacionados con Sea Lion.
La medida incluye la perforación del lecho y subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina y el tendido de conductos, líneas de flujo y sistemas de control.
También contempla las unidades flotantes destinadas a producción, almacenamiento y descarga, así como el comienzo de la explotación comercial.
La orden alcanza además a obras terrestres y portuarias asociadas al proyecto, entre ellas ampliaciones de infraestructura, bases logísticas, instalaciones para lodos de perforación y cemento, depósitos de productos químicos y espacios destinados al apoyo habitacional y aeronáutico.
Uno de los principales argumentos de la jueza Borruto fue que el proyecto habría superado la etapa de planificación y se encontraría en ejecución.
Para ello, tomó en cuenta la Decisión Final de Inversión de diciembre de 2025, anuncios sobre la ampliación hacia un pozo cercano y contratos relacionados con una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga y equipos de perforación.
La magistrada consideró que esperar a que las obras avanzaran para determinar posteriormente si correspondía una evaluación ambiental podía volver ineficaz la protección judicial solicitada.
El fallo aclaró que la cautelar no establece que el proyecto vaya a provocar un daño ambiental. La decisión se fundamenta, de manera preliminar, en que no se había realizado ante autoridades argentinas el procedimiento destinado a evaluar sus posibles impactos y establecer medidas de prevención o mitigación.
Las empresas fueron intimadas a entregar, en un plazo de diez días judiciales, información detallada sobre el estado de Sea Lion.
Deberán informar el cronograma de construcción, perforación e instalación; la situación y ubicación de los pozos; los equipos contratados; y los principales contratistas y subcontratistas.
También tendrán que aportar documentación sobre la estructura societaria, financiamiento, desembolsos, aseguradoras, estudios ambientales, análisis de riesgo, posibles derrames y planes de contingencia.
La resolución ordenó además preservar la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual y financiera vinculada con el proyecto.
En paralelo, la Justicia Federal de Comodoro Py lleva adelante una investigación diferente contra Desire Petroleum Limited.
El expediente se inició a partir de un requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli y busca determinar si existieron actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en áreas cercanas a las Malvinas sin autorización argentina.
El Juzgado Federal N° 11 solicitó información a organismos nacionales y dispuso medidas para conocer la estructura societaria de Desire Petroleum, sus autoridades y posibles licencias hidrocarburíferas.
También requirió información sobre el grupo Rockhopper y datos bancarios relacionados con la explotación comercial y con personas que pudieran haber actuado en representación o beneficio de las compañías.
Se trata de dos procesos judiciales diferentes: el expediente de Río Grande es de carácter civil y ambiental preventivo, mientras que la causa de Comodoro Py tiene naturaleza penal. Ninguno de los dos procesos implica, por ahora, una resolución definitiva sobre el fondo de las cuestiones investigadas.
