Benjamin EncinaUna pensionada de 74 años denunció haber sido víctima de una maniobra mediante la cual delincuentes, haciéndose pasar por empleados del Subsidio de Salud de Tucumán, consiguieron acceder a sus datos bancarios y gestionar un préstamo de $10 millones a su nombre. La investigación apunta inicialmente hacia tres sospechosos y busca determinar si existe una organización detrás de operaciones similares.
El engaño comenzó el 23 de julio, cuando la mujer recibió una videollamada de WhatsApp desde una cuenta denominada “Atención Personalizada”, que utilizaba como imagen el logotipo del Subsidio de Salud. Durante la comunicación, el supuesto empleado le manifestó que debía realizar una actualización para conservar una cobertura del 100% en medicamentos y le ofreció completar el supuesto trámite de manera remota.
A medida que avanzaba la conversación, le solicitaron diferentes datos y finalmente las claves de acceso a su home banking del Banco Macro y de su cuenta de Tarjeta Naranja. Después de seguir las indicaciones, la víctima descubrió que habían tramitado un crédito por $10 millones utilizando sus datos. Además, fueron retirados los $248.000 que tenía disponibles en su cuenta.
Según la reconstrucción de los investigadores, el dinero del préstamo ingresó inicialmente a la cuenta bancaria de la mujer, posteriormente fue enviado hacia Naranja X y terminó transferido a cuentas pertenecientes a terceros. Los titulares de esas cuentas fueron identificados y, según la investigación publicada, aparecen vinculados con otros expedientes por maniobras de características similares.
La causa quedó bajo investigación de la Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, encabezada por Diego Hevia. Los pesquisas analizan tanto a la persona que habría realizado el contacto telefónico como a quienes recibieron el dinero transferido, mientras intentan establecer si existen más integrantes involucrados.
En paralelo, la representación de la pensionada inició gestiones para intentar anular el préstamo y evitar que las cuotas sean descontadas de sus ingresos. De acuerdo con lo informado por su abogado querellante, Juan Guerrero, las cuotas rondarían los $700.000 mensuales, mientras que la víctima percibe una pensión apenas superior al millón de pesos.
La investigación continúa con el seguimiento de las transferencias y el análisis de los movimientos realizados después de que los responsables consiguieran acceder a la información bancaria de la damnificada.
