Benjamin EncinaEl Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo judicial que ordenó poner en marcha de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue adoptada luego de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 mediante la cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la normativa.
La resolución judicial surgió a partir de los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reclamaron que se cumpla la ley aprobada por el Congreso. El magistrado consideró que el decreto había impedido la aplicación efectiva de una norma que había sido sancionada por el Poder Legislativo y posteriormente ratificada pese al veto presidencial.
El fallo establece que el Poder Ejecutivo deberá adoptar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para ejecutar la ley, que contempla recursos destinados a diferentes áreas del sistema universitario. Entre sus principales puntos aparecen la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes, el financiamiento de las universidades, las becas estudiantiles, la investigación y los gastos de funcionamiento de las instituciones.
El Gobierno sostiene que la aplicación de la norma requiere determinar previamente de dónde saldrán los recursos para financiarla. Desde la administración nacional argumentan que esa definición corresponde al Congreso y que el gasto no estaba contemplado de la manera necesaria en el Presupuesto, por lo que consideran que la Justicia no debería imponer al Ejecutivo la reasignación de partidas.
La postura oficial será llevada nuevamente a los tribunales. La Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, trabaja en la estrategia jurídica que utilizará el Gobierno para intentar revertir la decisión y evitar que la ejecución de la ley se produzca en los términos establecidos por el fallo de primera instancia.
El conflicto se remonta a 2025, cuando el Congreso aprobó la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El presidente Javier Milei había vetado la iniciativa, pero ambas cámaras legislativas reunieron las mayorías necesarias para insistir con la norma. Posteriormente, el Ejecutivo promulgó la ley mediante el Decreto 759/2025, aunque incorporó una condición que vinculaba su aplicación con la determinación de las fuentes de financiamiento y la incorporación de las partidas presupuestarias correspondientes.
Para el juez Cormick, esa condición terminó funcionando como un mecanismo que impedía la aplicación efectiva de una ley que había sido ratificada por el Congreso. Por ese motivo, declaró inconstitucional la cláusula cuestionada y ordenó avanzar con la implementación de la normativa.
El Gobierno, en cambio, insiste en que la discusión tiene un componente presupuestario que debe ser resuelto por el Congreso Nacional. En ese sentido, desde la Casa Rosada remarcan que el proyecto de Presupuesto 2027 ya fue enviado al Parlamento y que cualquier modificación sobre las partidas deberá ser discutida dentro del Poder Legislativo.
La disputa también tiene como antecedente una medida cautelar dictada anteriormente para exigir la actualización de salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles. Esa resolución ya había sido apelada por el Ejecutivo y posteriormente quedó firme tras distintas instancias judiciales, por lo que el nuevo fallo se suma a un conflicto que lleva meses entre el Gobierno y las universidades nacionales.
El impacto presupuestario es uno de los principales puntos de discusión. Mientras el Ejecutivo sostiene que la implementación de la ley implica un desembolso significativo y que debe existir una fuente de financiamiento definida, la Justicia consideró que la propia normativa contempla mecanismos para afrontar los gastos, entre ellos reasignaciones presupuestarias y el uso de mayores ingresos de recaudación corriente.
La situación también repercute en el escenario universitario. Las autoridades de las casas de estudio y los gremios docentes mantienen sus reclamos por la recomposición salarial y el financiamiento, mientras que fue ratificada una Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.
Con la apelación anunciada, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario volverá a quedar bajo discusión judicial. Mientras tanto, el Gobierno busca sostener su posición sobre el manejo de las partidas presupuestarias y las universidades reclaman que se cumpla una norma que fue aprobada por el Congreso.
