Benjamin EncinaLa relación entre la Iglesia Católica y el Gobierno de Javier Milei atraviesa nuevas diferencias, a pocas semanas de la llegada del papa León XIV a la Argentina. Mientras representantes religiosos y funcionarios nacionales mantienen reuniones para organizar la visita del Sumo Pontífice, distintos referentes eclesiásticos vienen expresando cuestionamientos sobre algunas de las principales políticas impulsadas por la administración libertaria.
Uno de los últimos cruces estuvo relacionado con la ley de tierras. La Pastoral Social de la Comisión Episcopal difundió un documento en el que manifestó su preocupación por la posibilidad de que se habilite una mayor venta de tierras argentinas a extranjeros. El planteo apareció después de que la Corte Suprema dejara vigente el DNU 70/2023, cuyo artículo 154 había derogado restricciones establecidas por la legislación anterior.
Desde la Iglesia sostuvieron que la discusión no se limita a una cuestión económica, sino que involucra aspectos vinculados con la soberanía territorial, los recursos naturales y el bienestar de la población. La Pastoral Social pidió responsabilidad a legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de la Justicia frente a una eventual flexibilización de los límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Otro de los puntos que generó preocupación dentro del ámbito religioso es la situación de las personas con discapacidad. Representantes de la Conferencia Episcopal Argentina mantuvieron una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud para plantear las dificultades que atraviesan instituciones y organismos que trabajan con este sector. El encuentro fue considerado un gesto de diálogo, aunque desde la Iglesia remarcaron que esperan medidas concretas.
María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad de la CEA, señaló después del encuentro que “los gestos solos no alcanzan” y reclamó que las decisiones oficiales se traduzcan en soluciones para las instituciones y las personas que necesitan las prestaciones. En la misma línea, el sacerdote Pablo Molero cuestionó los pedidos de documentación realizados por organismos oficiales y reclamó que se cumpla con la legislación vigente.
La agenda social también aparece entre las preocupaciones de la Iglesia. Referentes religiosos vienen haciendo referencia a la pobreza, la indigencia, la falta de asistencia y la necesidad de reforzar los vínculos sociales, en un contexto en el que los datos oficiales volvieron a colocar estas cuestiones entre los principales temas de discusión pública.
Uno de los principales protagonistas de estos mensajes fue el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien durante distintas celebraciones religiosas hizo llamados a reducir la confrontación política y a prestar atención a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Sus intervenciones fueron interpretadas como críticas a determinados aspectos de la gestión nacional y generaron malestar dentro de sectores del Gobierno.
A pesar de estas diferencias, la llegada del papa León XIV abrió un espacio de coordinación entre la Iglesia y el Estado. Representantes de ambas partes trabajan en cuestiones vinculadas con la seguridad, los desplazamientos y la organización de las actividades que tendrá el Pontífice durante su visita, con participación también de autoridades de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
De esta manera, la relación institucional mantiene un doble escenario: por un lado, existe coordinación para la visita papal; por otro, continúan los desacuerdos alrededor de políticas públicas y cuestiones sociales. En las próximas semanas, la presencia de León XIV en el país pondrá nuevamente a la Iglesia y al Gobierno frente a una agenda común, aunque las diferencias de fondo permanecerán abiertas.
