Benjamin EncinaLos rectores y rectoras de las universidades nacionales trasladarán este miércoles su reunión mensual a Plaza de Mayo, donde reclamarán al Gobierno nacional por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. La concentración está prevista para las 14.30 frente a la Casa Rosada y será encabezada por el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que reúne a las autoridades de 60 universidades nacionales.
La convocatoria se produce después de una resolución de la Justicia Federal que ordenó avanzar con el cumplimiento de la Ley 27.795. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, declaró inconstitucional una disposición del Decreto 759/2025, mediante la cual el Poder Ejecutivo había condicionado la ejecución de la norma a la definición de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto.
El magistrado sostuvo que la propia ley establece mecanismos vinculados con su financiamiento y ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para ponerla en marcha. Se trata de una sentencia de primera instancia, por lo que el conflicto judicial todavía no está cerrado: el Gobierno ya trabaja en la apelación del fallo.
La norma contempla diferentes medidas destinadas al sistema universitario, entre ellas la actualización de los recursos para las universidades públicas, mecanismos de recomposición para los salarios de docentes y no docentes, fondos para el funcionamiento de las instituciones y mejoras en las becas estudiantiles. También alcanza áreas vinculadas con la investigación y los hospitales universitarios.
El conflicto se suma a una discusión que viene desarrollándose desde el año pasado. La Ley 27.795 había sido aprobada por el Congreso y posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo, pero ambas cámaras legislativas insistieron con su sanción. Finalmente, el Gobierno promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, aunque dejó condicionada su ejecución a la determinación de los recursos necesarios para financiarla. Ese punto fue posteriormente llevado a la Justicia por el sector universitario.
Durante junio de este año, además, el Gobierno, el CIN y los gremios universitarios habían alcanzado un acuerdo que incluyó una actualización salarial acumulada del 24,33%, un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento, una partida adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Desde el CIN remarcaron que esos acuerdos no reemplazan el reclamo por la aplicación integral de la ley.
La protesta de los rectores se realizará mientras el Gobierno prepara su estrategia judicial para intentar revertir la decisión de primera instancia. De esta manera, el reclamo universitario tendrá este miércoles un escenario visible frente a la sede del Poder Ejecutivo, con el objetivo de insistir en que se cumpla la legislación sancionada por el Congreso.
El conflicto tendrá además un nuevo capítulo la próxima semana. Para el jueves 15 de octubre está prevista una nueva Marcha Federal Universitaria, con concentración frente al Congreso de la Nación, donde el financiamiento de las universidades volverá a ocupar el centro del reclamo.
