Argentina avanza hacia el Tribunal del Mar por el petróleo de Malvinas

El Gobierno argentino se encuentra ante el vencimiento del plazo de dos semanas otorgado al Reino Unido para que detenga las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas. Si Londres mantiene su posición, la Argentina adelantó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar medidas provisionales.

La decisión forma parte de la estrategia impulsada por el presidente Javier Milei frente al proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. La Argentina sostiene que esas actividades afectan sus derechos sobre los recursos de su plataforma continental y decidió activar el mecanismo de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

El primer paso se produjo el 28 de septiembre, cuando la Oficina del Presidente informó oficialmente el inicio del procedimiento de arbitraje y comunicó que Londres disponía de 14 días para adoptar las medidas necesarias para impedir el comienzo o la continuidad de la explotación hidrocarburífera. De no hacerlo, Buenos Aires solicitará al Tribunal del Mar las medidas provisionales que considere necesarias para preservar sus derechos sobre la plataforma continental.

La presentación argentina no apunta, en esta instancia, a resolver la cuestión de soberanía sobre las islas, sino a cuestionar las actividades de explotación de hidrocarburos que el Reino Unido impulsa en el área. El canciller Pablo Quirno explicó que el mecanismo busca llevar la controversia al ámbito del derecho internacional y sostuvo que no deberían existir decisiones unilaterales sobre los recursos naturales mientras continúa pendiente la disputa entre ambos países.

El procedimiento elegido tiene una particularidad jurídica. Argentina y el Reino Unido no seleccionaron el mismo tribunal como primera opción dentro de los mecanismos previstos por la Convemar: Buenos Aires optó por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, mientras Londres eligió la Corte Internacional de Justicia. Ante esa falta de coincidencia, el tratado contempla el arbitraje del Anexo VII como vía para resolver la controversia.

Ese tribunal arbitral deberá constituirse específicamente para analizar el caso. El procedimiento contempla cinco árbitros y establece plazos para que cada Estado designe a uno de ellos, mientras los restantes integrantes deben ser acordados por las partes o designados mediante los mecanismos previstos por la propia Convemar si no existe consenso.

Mientras ese tribunal se conforma, existe la posibilidad de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar intervenga de manera provisoria. La Convemar contempla esta alternativa para situaciones en las que exista una necesidad urgente de preservar derechos o evitar daños graves antes de que el tribunal arbitral pueda actuar sobre el fondo de la controversia.

Desde Londres, sin embargo, la respuesta fue de rechazo. El Gobierno británico convocó a la embajadora argentina Mariana Plaza y cuestionó la decisión de Buenos Aires. La administración británica sostiene que las actividades vinculadas con Sea Lion se desarrollan dentro de su interpretación del derecho internacional y mantiene su postura sobre la soberanía de las islas.

La Cancillería argentina respondió defendiendo el recurso al arbitraje internacional como una herramienta pacífica para resolver controversias entre Estados. El Gobierno sostuvo que someter el conflicto a un tribunal internacional imparcial constituye una vía prevista por el derecho internacional y recordó que ambos países forman parte de la Convemar.

El conflicto también se desarrolla en paralelo en el terreno diplomático y económico. El proyecto Sea Lion representa una de las principales iniciativas de explotación petrolera en el área de Malvinas y el Reino Unido confirmó recientemente que las futuras licencias para explorar o explotar hidrocarburos deberán contar con autorización de su secretario de Estado de Asuntos Exteriores.

La Argentina, además, cuestionó otras actividades vinculadas con las islas. El Gobierno informó que detectó operaciones de THALES UK LIMITED relacionadas con una ruta aérea entre Malvinas y Punta Arenas mediante una aeronave con matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas, por lo que ordenó iniciar procedimientos administrativos, denuncias penales y gestiones diplomáticas.

Con el plazo próximo a vencer, el próximo movimiento dependerá de la respuesta británica. Si Londres no detiene las actividades reclamadas, la Argentina avanzará con el pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, mientras continúa el procedimiento arbitral previsto por la Convemar.

El caso abre así una nueva instancia internacional dentro de la histórica disputa entre ambos países. La discusión ya no se limita a la cuestión diplomática por la soberanía de las islas: ahora también incorpora la explotación de recursos hidrocarburíferos del Atlántico Sur y el alcance de los mecanismos jurídicos internacionales para impedir acciones unilaterales sobre esas áreas.