Benjamin EncinaLa discusión por la Ley de Tierras Rurales volvió a tomar velocidad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal decidió acortar de 72 a 24 horas el plazo para que quede firme la incorporación de dos conjueces al expediente, una medida que deja el caso en condiciones de avanzar hacia una nueva definición.
La resolución fue adoptada este miércoles y alcanza a Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, los dos magistrados sorteados para completar la integración del tribunal en esta causa. Ambos aceptaron el cargo y, a partir de la decisión de la Corte, las partes tendrán solamente un día para formular eventuales objeciones a su incorporación.
El propio tribunal justificó la reducción del plazo al señalar que, “en atención a las particulares circunstancias de la causa”, correspondía abreviar los tiempos habituales. Además, ordenó habilitar días y horas inhábiles exclusivamente para completar este trámite.
La importancia de este movimiento está relacionada con lo que todavía debe resolver la Corte. El expediente contiene un pedido de medida cautelar que, si fuera aceptado, podría volver a establecer provisoriamente las restricciones que regían sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros antes de la derogación de la norma.
La Ley 26.737 había establecido límites para la titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. Sin embargo, el artículo 154 del DNU 70/2023 dispuso su derogación. Ese punto quedó judicializado y, desde entonces, distintas presentaciones buscaron cuestionar la validez de la modificación impulsada por el Gobierno nacional.
El escenario actual se abrió después de que la Corte Suprema analizara otro expediente promovido por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). En ese caso, el máximo tribunal revocó una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras, pero aclaró que su decisión estuvo vinculada con la falta de legitimación de quienes habían presentado aquella demanda y no implicó un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad del artículo 154.
Esa diferencia es central para entender por qué el debate continúa. La Corte dejó establecido que aquel fallo no impedía analizar otros expedientes relacionados con la misma cuestión. Entre ellos se encuentra el presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, junto con comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, quienes cuestionaron la derogación desde argumentos vinculados con la protección ambiental y los derechos de los pueblos originarios.
La causa había llegado a esta nueva instancia después de que los tres integrantes titulares de la Corte —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— no alcanzaran una posición común para avanzar. Ante esa falta de consenso, se recurrió al mecanismo de los conjueces para completar la integración necesaria y continuar con el análisis.
Con Barroetaveña y Pérez Curci incorporados, el tribunal quedó encaminado para avanzar sobre el expediente. El próximo punto de relevancia será entonces la resolución del planteo cautelar y, eventualmente, las consecuencias que pueda tener sobre las reglas que actualmente rigen la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La decisión no significa que la Corte ya haya resuelto volver a poner en vigencia las restricciones. El pedido todavía debe ser analizado, por lo que el escenario definitivo dependerá de la resolución que adopte el máximo tribunal.
Mientras tanto, el debate político también continúa. La derogación de la Ley de Tierras generó cuestionamientos de distintos sectores, mientras que el Gobierno defendió la modificación introducida mediante el DNU 70/2023. En paralelo, en el Congreso existen iniciativas para volver a establecer límites a la propiedad extranjera de tierras rurales.
Con la reducción del plazo a apenas 24 horas, la Corte dejó atrás una etapa de espera y aceleró un expediente que podría volver a modificar el escenario jurídico sobre la propiedad de tierras en Argentina. La próxima definición del tribunal será la que determine qué alcance tendrá esta nueva instancia.
