Benjamin EncinaLa Corte Suprema de Justicia de la Nación aceleró el tratamiento de una causa vinculada con la Ley de Tierras y decidió reducir de manera excepcional los plazos procesales para avanzar hacia una nueva definición. El tribunal estableció que las partes tendrán apenas 24 horas para objetar la incorporación de dos conjueces, en lugar de las 72 horas que contempla el procedimiento habitual.
La decisión se tomó después de que los tres integrantes titulares del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no alcanzaran una posición común respecto de cómo continuar con el expediente. Ante esa situación, fueron convocados mediante sorteo Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos aceptaron los cargos y quedaron incorporados para intervenir en el caso.
La resolución fue firmada este miércoles por el secretario de la Corte, Sergio Miguel Nápoli, y estableció que, debido a las “particulares circunstancias de la causa”, correspondía abreviar el período para que la nueva integración quedara consentida. Además, el tribunal dispuso la habilitación de días y horas inhábiles exclusivamente para cumplir con este trámite.
El expediente tiene como punto central un pedido de medida cautelar relacionado con la derogación de la Ley 26.737, que establecía restricciones para la adquisición de determinadas tierras rurales por parte de extranjeros. La norma fue dejada sin efecto mediante el artículo 154 del DNU 70/2023, por lo que una eventual decisión favorable a la cautelar podría generar nuevamente restricciones, aunque sea de manera provisoria, sobre la compra de campos por extranjeros.
El planteo fue impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. La presentación cuestiona los efectos de la derogación y sostiene argumentos vinculados con la protección ambiental, la biodiversidad y los derechos de pueblos y comunidades indígenas sobre sus territorios.
La causa tomó impulso luego de una resolución anterior de la Corte relacionada con un planteo presentado por el CECIM de La Plata. En aquella oportunidad, el máximo tribunal rechazó esa demanda por una cuestión vinculada con la legitimación de la organización y aclaró que aquella decisión no implicaba pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23.
Ahora, con la incorporación de los dos conjueces y el plazo reducido a solo un día, el expediente quedó encaminado hacia una nueva instancia. Una vez que finalice el período para cuestionar la integración, la Corte deberá definir los próximos pasos del proceso y resolver cómo avanzar sobre el pedido cautelar, sin que la reducción del plazo implique por sí misma que ya exista una decisión sobre el fondo del conflicto.
