Benjamin EncinaLa continuidad del juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez quedó atravesada por un conflicto que excede las discusiones sobre las pruebas del expediente. La defensa de Felipe “El Militar” Sosa, principal acusado, pidió suspender el debate en medio de cuestionamientos vinculados con las condiciones en las que se desarrolla el proceso y las presuntas amenazas denunciadas por uno de sus abogados.
El episodio tiene como antecedente lo ocurrido durante la cuarta audiencia, cuando Marcelo Cosiansi pidió la palabra frente al tribunal y manifestó que se sentía desbordado por situaciones que, según afirmó, habían ocurrido el día anterior. El letrado sostuvo que había recibido intimidaciones y expresó temor por su propia seguridad y la de su familia.
Su intervención terminó con una decisión inesperada: Cosiansi abandonó la sala de audiencias y dejó en duda su continuidad en la representación del acusado. Antes de retirarse, también aseguró que Sosa habría recibido instrucciones para no declarar hasta el final del juicio, una afirmación que no fue acompañada públicamente por elementos que permitieran identificar quién habría impartido esa supuesta orden.
La situación generó un problema procesal inmediato. El debate pudo continuar porque Rubén Flores, el otro abogado defensor de Sosa, permaneció en el recinto y la representación técnica del imputado no quedó completamente interrumpida. Sin esa segunda defensa, el escenario podría haber sido distinto.
El presidente del tribunal, Gonzalo Ortega, reconoció la gravedad institucional del episodio y advirtió que la situación podría haber obligado a suspender la audiencia si no hubiera existido una codefensa. El magistrado calificó lo ocurrido como una circunstancia atípica dentro de un juicio oral y recordó que los jueces deben resolver sin recibir presiones externas.
Durante esa misma intervención, Ortega invitó a quienes consideraran haber sido amenazados a recurrir a los canales legales correspondientes. También dejó en claro que el tribunal no tomaría decisiones condicionado por lo que pudiera ocurrir fuera de la sala.
Las advertencias no involucraron únicamente al equipo de Sosa. Los abogados María Florencia Abdala y Camilo Atim, representantes de Justina Gordillo, informaron que habían puesto en conocimiento de las autoridades un presunto episodio de amedrentamiento contra su defendida y algunos integrantes de su familia. Aclararon, sin embargo, que ellos no habían recibido amenazas personales.
En ese contexto, el pedido de suspensión vuelve a poner en discusión las garantías necesarias para que el juicio pueda desarrollarse con normalidad. La continuidad del debate requiere que todos los acusados cuenten con asistencia legal efectiva y que las partes puedan intervenir sin intimidaciones. Cualquier modificación en la representación de Sosa podría obligar a reorganizar el calendario de audiencias.
El conflicto se produce en una causa que ya había tenido momentos de fuerte tensión. En la segunda jornada, Sosa declaró espontáneamente ante los jueces y reconoció que fue él quien trasladó el cuerpo de Érika hasta un basural de Manantial Sur. En esa exposición aseguró que actuó solo y desvinculó a Jorge “Chicho” Díaz del traslado.
La declaración tuvo repercusiones sobre las estrategias de las defensas de los otros imputados por encubrimiento, aunque sus afirmaciones todavía deben ser contrastadas con las pruebas del proceso. La Fiscalía sostiene que Sosa asesinó a la joven en una vivienda de Yerba Buena y solicitó prisión perpetua, mientras que para Gordillo y Díaz pidió seis años de prisión.
La defensa del principal acusado, por su parte, mantiene una estrategia que cuestiona la responsabilidad de Sosa en la muerte y las conclusiones de las pericias forenses. En ese marco, la posibilidad de que se modifique el equipo de abogados o se interrumpan las audiencias agrega otra dificultad a un debate que ya acumula episodios controvertidos.
La suspensión no debe confundirse con una decisión definitiva sobre el juicio ni con una resolución sobre la culpabilidad de los acusados. El planteo deberá ser evaluado por las autoridades judiciales y cualquier cambio en el cronograma tendrá que ser comunicado oficialmente.
Mientras tanto, el proceso continúa bajo la atención de las partes y de la familia de la víctima. El desafío inmediato del tribunal será garantizar que el debate avance con todas las condiciones legales necesarias, sin que las denuncias de intimidación ni los conflictos entre las defensas alteren el desarrollo de la causa.
