Benjamin EncinaParaguay atraviesa una profunda crisis política y financiera luego de que Santiago Peña presentara su renuncia a la Presidencia este jueves 5 de noviembre. La decisión llegó después de la intervención de Ueno Bank, una entidad con millones de clientes que quedaron sin acceso a sus cuentas, y en medio de protestas sociales y un proceso de juicio político que avanzaba en el Congreso.
El mandatario comunicó su salida mediante un mensaje en video difundido en sus redes sociales. En su declaración explicó que tomó la decisión pensando en la estabilidad del país y en la necesidad de preservar las instituciones democráticas.
"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", expresó Peña.
La crisis se desencadenó el martes, cuando el Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank después de detectar un deterioro grave en sus indicadores de solvencia. Según los datos oficiales difundidos, el índice de capitalización de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa.
La medida dejó a cerca de 2,9 millones de clientes sin acceso a sus cuentas y ahorros, en un país de aproximadamente 6,5 millones de habitantes. La interrupción de las operaciones también afectó pagos, transferencias y distintas actividades comerciales que dependían de los servicios de la entidad.
Ueno había alcanzado una dimensión considerable dentro del sistema financiero paraguayo. Además de su base de usuarios, administraba cerca de 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos vinculados con el Instituto de Previsión Social, organismo encargado de administrar fondos de jubilaciones y servicios de salud.
El alcance del problema provocó manifestaciones en Asunción y otros sectores del país, con reclamos de ahorristas que exigían recuperar su dinero y conocer cómo se garantizaría la devolución de los depósitos. Las protestas también incorporaron cuestionamientos a las autoridades y pedidos de explicaciones por el manejo de los recursos.
La situación tuvo consecuencias dentro del propio Gobierno. El presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, dejó su cargo después de la intervención de la entidad financiera, mientras que la investigación judicial avanzó sobre directivos y responsables vinculados con Ueno.
El vínculo entre Peña y el grupo empresario relacionado con el banco también quedó bajo cuestionamiento. El mandatario había tenido participación accionaria en Grupo Vázquez, anterior propietario de la entidad, hasta marzo de 2025. Legisladores opositores y sectores políticos plantearon posibles conflictos de intereses y reclamaron explicaciones sobre la relación entre el Gobierno y la firma.
Peña rechazó las acusaciones de irregularidades y sostuvo que las responsabilidades deben determinarse mediante las investigaciones correspondientes. En su mensaje de despedida, además, pidió disculpas a la ciudadanía y manifestó su deseo de que los ahorros de los afectados sean restituidos.
La renuncia se produjo mientras la Cámara de Diputados debatía un pedido de juicio político contra el jefe de Estado. La presión parlamentaria se había intensificado luego de que sectores de la oposición y legisladores del oficialista Partido Colorado anticiparan su respaldo al proceso.
Incluso después del anuncio presidencial, el Congreso avanzó con el procedimiento. Según informó Associated Press, la Cámara Baja votó por unanimidad el juicio político, con 78 votos afirmativos, y remitió las acusaciones al Senado. La aceptación formal de la renuncia y los pasos institucionales siguientes quedaron en manos del Poder Legislativo.
Con la salida de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana quedó como sucesor constitucional previsto para completar el período presidencial, que se extiende hasta agosto de 2028. La transición deberá desarrollarse conforme a los mecanismos establecidos por la Constitución paraguaya.
En su mensaje, el ahora mandatario saliente insistió en que su prioridad es que se garantice la devolución de los depósitos y que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su función. La cobertura legal alcanza hasta 228 millones de guaraníes por depositante, aunque los procedimientos y plazos de restitución dependen de las autoridades financieras.
La crisis de Ueno Bank dejó de ser un problema limitado al funcionamiento de una entidad financiera y se transformó en una de las mayores turbulencias institucionales del gobierno de Peña. La investigación sobre el banco, la situación de los ahorristas y la reorganización política del país serán algunos de los principales desafíos para las autoridades que asuman la conducción de Paraguay.
