Benjamin EncinaEl Gobierno nacional oficializó este jueves una modificación a la Ley de Migraciones N.º 25.871, incorporando nuevas causales que permitirán rechazar el ingreso al país y expulsar a extranjeros que incurran en determinadas conductas consideradas contrarias al orden público y a la convivencia democrática. La medida fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, publicado en el Boletín Oficial, y comenzó a regir desde este 30 de julio.
La reforma alcanza tanto a los extranjeros que intenten ingresar a la Argentina como a quienes ya poseen residencia temporaria o permanente. Entre las nuevas causales de inadmisión y expulsión se encuentran la difusión de mensajes de odio contra la sociedad argentina, la incitación a la violencia por motivos de nacionalidad, la participación en actos de ultraje a la bandera, el himno o el escudo nacional, así como la promoción o instigación de estas conductas.
Además, el nuevo texto modifica el artículo 62 de la Ley de Migraciones, estableciendo que la residencia podrá ser revocada cuando un extranjero incurra en alguno de estos comportamientos, habilitando el correspondiente procedimiento de expulsión del territorio nacional. La decisión deberá contemplar las circunstancias particulares de cada caso, aunque la normativa otorga mayores facultades a la autoridad migratoria para actuar.
Desde la Oficina del Presidente señalaron que la reforma responde a las "recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos" y sostuvieron que la defensa del país, de sus ciudadanos y de sus símbolos patrios "no es negociable". En ese marco, remarcaron que quienes promuevan acciones de odio o violencia contra la Nación no serán bienvenidos en el territorio argentino.
No obstante, el decreto aclara que las nuevas disposiciones no afectan la libertad de expresión. El texto establece expresamente que continuarán protegidos el disenso ideológico, las críticas al Gobierno, las opiniones políticas, académicas o ciudadanas formuladas por vías democráticas, siempre que no constituyan una incitación directa al odio o a la violencia contra la Nación o sus habitantes.
La modificación forma parte del paquete de medidas migratorias impulsadas por la administración nacional, que en los últimos meses también promovió cambios vinculados con el acceso de extranjeros a determinados servicios públicos. Según el Ejecutivo, el objetivo es fortalecer los controles migratorios y brindar mayores herramientas para preservar la seguridad y el orden institucional.
