Benjamin EncinaEl Gobierno nacional decidió retirar el capítulo vinculado a la extranjerización de tierras del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de las fuertes objeciones planteadas por sectores políticos, gobernadores y legisladores aliados que amenazaban con impedir su aprobación en el Senado. La decisión representa uno de los cambios más importantes introducidos por el oficialismo en una iniciativa que viene siendo debatida desde hace varios meses.
La propuesta original impulsada por el Ejecutivo buscaba eliminar los límites establecidos por la Ley de Tierras Rurales, norma sancionada en 2011 que fija un tope del 15% para la propiedad extranjera sobre las tierras rurales del país. Además, establece restricciones por nacionalidad y limita la cantidad de hectáreas que puede adquirir un mismo titular extranjero en las zonas productivas.
Sin embargo, el fuerte rechazo político y social obligó al oficialismo a reformular el proyecto. La nueva versión elimina el capítulo más cuestionado y mantiene vigente la legislación actual sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, con el objetivo de reunir los votos necesarios para avanzar con el resto de la iniciativa.
La decisión se produjo luego de intensas negociaciones con bloques dialoguistas y gobernadores, quienes advirtieron que no acompañarían el proyecto si persistía la intención de flexibilizar la normativa vigente. Incluso sectores habitualmente cercanos al Gobierno manifestaron su preocupación por el impacto que podría tener la eliminación de los controles sobre la soberanía territorial y el manejo de recursos estratégicos.
Distintas organizaciones sociales, ambientalistas y especialistas habían cuestionado el proyecto al considerar que abriría la puerta a una mayor concentración de tierras en manos privadas extranjeras. También alertaron sobre el riesgo de perder capacidad de control sobre zonas con recursos hídricos, áreas de frontera y regiones de alto valor ambiental y productivo.
Desde el Gobierno sostuvieron que las modificaciones fueron introducidas para facilitar el tratamiento legislativo y evitar que el proyecto completo fracasara en el Congreso. El resto de la iniciativa mantiene otros cambios vinculados con la protección de la propiedad privada, los procedimientos de desalojo y distintos aspectos del régimen inmobiliario.
Con este giro, el oficialismo busca recuperar consenso político y avanzar con una versión menos conflictiva del proyecto. Mientras tanto, el debate sobre la extranjerización de tierras quedó, al menos por ahora, fuera de la discusión parlamentaria, luego de convertirse en uno de los puntos de mayor tensión dentro de la agenda legislativa nacional.
