Benjamin EncinaLa investigación por una presunta estafa piramidal vinculada a Lebron Group sumó una nueva novedad: Franco Alderete, titular de la firma, presentó un pedido de quiebra en el fuero civil mientras avanza la causa penal que ya acumula denuncias por $536 millones. La presentación generó preocupación entre los damnificados, aunque desde el ámbito judicial aclararon que el trámite concursal no interrumpe ni extingue la investigación penal.
El empresario realizó formalmente el pedido de quiebra el 5 de junio. Ahora, el juez deberá analizar la documentación presentada, verificar la situación legal y registral de la sociedad y determinar si corresponde avanzar con la declaración de quiebra. La resolución podría conocerse durante la próxima semana.
La investigación está a cargo del fiscal Fernando Blanno, quien contabiliza hasta el momento unas 15 denuncias que, en conjunto, reclaman aproximadamente $536 millones. Sin embargo, esa cifra podría aumentar considerablemente debido a que los investigadores manejan la posibilidad de que existan más de un centenar de personas afectadas.
Además, la causa podría extenderse fuera de Tucumán. Según trascendió, en Santiago del Estero existirían reclamos que rondarían los $1.000 millones, mientras que la Justicia analiza si se habrían desarrollado maniobras similares en Córdoba, Catamarca y Santa Fe.
Según las presentaciones judiciales, Lebron Group SAS captaba dinero de inversores a cambio de tasas de interés que variaban de acuerdo con el monto y la moneda de la inversión.
En un comienzo, la empresa habría ofrecido rendimientos cercanos al 7% mensual para inversiones en pesos y alrededor del 3,4% mensual para inversiones en dólares. Los fondos, según la explicación formal del negocio, estaban destinados a actividades relacionadas con la importación de suplementos alimentarios y artículos tecnológicos.
Alderete también estaba vinculado a Grupo Lebron SRL, una firma dedicada a la comercialización de esos productos mediante cinco locales: tres ubicados en la capital tucumana, uno en Yerba Buena, que además funcionaba como bar, y otro en Lules.
Los denunciantes no coinciden sobre cuándo comenzaron los primeros problemas. Algunos ubican las dificultades a mediados de 2023, otros a mediados de 2024, mientras que la mayoría señala febrero de 2025 como el momento en que la situación comenzó a agravarse. Los reclamos, según la investigación, se profundizaron en enero de 2026.
Otro punto que analiza la Justicia es la existencia de distintas sociedades relacionadas con la actividad empresarial de Alderete.
Cuando ARCA dio de baja el CUIT de Lebron Group, el empresario creó una nueva sociedad denominada Total Finan SAS para continuar con la actividad. En el expediente también aparecen Sportmed SRL y De Nutrición Argentina SRL, firmas a cuyas cuentas algunos denunciantes aseguran haber transferido dinero.
Los investigadores manejan como una de las hipótesis la posibilidad de que distintas sociedades hayan sido utilizadas como estructuras vinculadas a las operaciones denunciadas.
Alderete, por su parte, negó haber cometido una estafa. Ante la Justicia sostuvo que atravesaba dificultades financieras y que los problemas económicos le impidieron cumplir con parte de los contratos asumidos. Su versión es que no existió una intención de defraudar a los inversores. Los representantes de los damnificados rechazan esa explicación.
El pedido presentado por Alderete corresponde al fuero civil y tiene como objetivo iniciar un proceso destinado a determinar la situación patrimonial de la empresa y establecer cómo afrontar las obligaciones pendientes.
Si el juez acepta la solicitud, se realizará un sorteo para designar un síndico, quien tendrá un papel central durante el proceso. Los acreedores deberán presentar la documentación que respalde sus reclamos y el síndico analizará cada caso para determinar cuáles créditos corresponden.
Además, deberá elaborar informes sobre la situación económica y patrimonial de la firma y asesorar al magistrado durante el procedimiento. El proceso concursal puede extenderse durante varios meses.
La Justicia también puede disponer medidas preventivas, como la inhibición de bienes, que impide vender o gravar determinados activos, y otras restricciones previstas por la legislación.
Sin embargo, desde el ámbito judicial remarcaron un punto clave: la quiebra no elimina una eventual responsabilidad penal. El proceso concursal y la causa penal son expedientes diferentes y avanzan por vías independientes.
El pedido de quiebra provocó malestar entre los inversores denunciantes. El abogado Aníbal Paz, representante de un grupo de afectados, cuestionó la decisión y sostuvo que podría tratarse de una maniobra destinada a evitar el cumplimiento de las obligaciones.
Por su parte, el abogado Juan Pablo Bello, que representa a otro grupo de denunciantes, advirtió que la Justicia deberá analizar si existe una eventual quiebra fraudulenta. En caso de confirmarse esa hipótesis, anticipó que podrían realizarse nuevas presentaciones ante la fiscalía.
Los representantes de las víctimas remarcaron que el pedido de quiebra no puede utilizarse como un mecanismo para evitar una eventual investigación sobre las conductas que dieron origen a la causa penal.
Mientras avanza el trámite de quiebra, el expediente penal atraviesa una instancia clave. El fiscal Fernando Blanno espera respuestas a los oficios enviados a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y al Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El objetivo es determinar si Alderete contaba con autorización para desarrollar las actividades financieras que se encuentran bajo investigación.
Si los organismos nacionales determinan que no existía autorización para operar de esa manera, el fiscal podría declararse incompetente y remitir la causa a la Justicia Federal.
En ese escenario, la investigación podría ampliarse para determinar si además de la presunta estafa existieron otros delitos de competencia federal, entre ellos una eventual investigación por lavado de activos.
De esta manera, el pedido de quiebra de Lebron Group abre un nuevo capítulo en un expediente que continúa en plena investigación y que podría ampliar considerablemente tanto el número de damnificados como el monto económico involucrado.
