Benjamin EncinaLa disputa por una calle de dominio público en El Manantial llegó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Un grupo de vecinos, acompañado por el legislador Manuel Courel, presentó un amparo colectivo para cuestionar la constitucionalidad de las leyes 9.992 y 9.994, que permitieron desafectar una fracción de terreno que estaba destinada a una traza vial.
El planteo judicial sostiene que la medida podría beneficiar a un desarrollo inmobiliario privado proyectado sobre terrenos pertenecientes a Citrusvil S.A.. Los demandantes consideran que la eliminación de la reserva vial no estaría suficientemente justificada y advierten que el corredor podría ser estratégico para la conectividad de El Manantial y San Pablo.
La traza cuestionada tiene aproximadamente 650 metros de extensión y 10 metros de ancho, y se encuentra en forma perpendicular a la avenida Vicente Lucci. Según los vecinos, el sector podría funcionar como una conexión norte-sur de importancia frente al crecimiento urbano de la zona.
El reclamo también está relacionado con el aumento de las urbanizaciones privadas y la circulación sobre las rutas provinciales 338 y 301, que actualmente concentran buena parte del tránsito de la zona.
Los vecinos sostienen que el camino tuvo uso durante décadas y que permitía conectar distintos barrios con la Escuela N.º 12 “Provincia de Chaco”, ubicada en San Pablo. Aunque actualmente el paso se encuentra interrumpido por un canal de desagüe, malezas y un cerco, los habitantes aseguran que anteriormente existía un camino de tierra transitable.
Registros de Google Earth y Street View fueron incorporados como elemento de respaldo al planteo. Según esas imágenes, el camino permanecía despejado al menos hasta abril de 2023, mientras que para junio de 2024 ya aparecía construido el desagüe y comenzaba a crecer la vegetación sobre el sector. Incluso registros de 2002 permiten observar el camino de tierra y algunas edificaciones cercanas.
Los vecinos remarcan que actualmente el recorrido completo del sector puede hacerse a pie en aproximadamente ocho minutos, aunque el canal de desagüe y las condiciones del terreno dificultan el tránsito.
El conflicto tiene además un componente social. Según la demanda, en el entorno inmediato se proyectan urbanizaciones sobre unas 280 hectáreas, con una población potencial estimada en alrededor de 35.000 habitantes. Los propios demandantes reconocen que esas cifras deberán ser precisadas mediante documentación técnica y pericias durante el proceso judicial.
Uno de los argumentos centrales del amparo se apoya en un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior. Según la presentación, ese organismo había señalado que, para desafectar un bien del dominio público, debía demostrarse de manera concreta que había perdido su utilidad pública, incluida su función de tránsito o conectividad.
Los vecinos sostienen que esos requisitos no fueron acreditados durante el tratamiento legislativo. Si bien reconocen que el dictamen no era vinculante para la Legislatura, consideran que constituye un antecedente relevante para analizar la decisión.
El conflicto ya había generado fuertes cruces en la Legislatura de Tucumán. Desde el oficialismo se defendió la desafectación como parte de un esquema destinado a facilitar la regularización dominial de unas 85 familias de Ohuanta y El Manantial, mientras que sectores opositores cuestionaron el procedimiento y la decisión de retirar el carácter público de la traza.
Ahora, además de pedir que se declare la inconstitucionalidad de las leyes, los vecinos solicitaron una medida cautelar urgente para suspender sus efectos mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La solicitud busca impedir que el terreno pueda ser transferido, escriturado, subdividido, cercado, ocupado o urbanizado durante el proceso judicial. El argumento es que, si el desarrollo inmobiliario avanza, podría producirse una transformación territorial difícil de revertir incluso si posteriormente la Justicia les da la razón.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán deberá ahora analizar el planteo y determinar, en primer lugar, si corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y suspender temporalmente los efectos de las normas cuestionadas. Posteriormente deberá resolver la cuestión de fondo: si la desafectación de la traza pública se ajusta a la Constitución y a las normas vigentes.
El caso pone nuevamente en discusión el impacto del crecimiento de los barrios privados, la planificación urbana y la necesidad de preservar corredores públicos que puedan resultar estratégicos para la conectividad futura de El Manantial y San Pablo.
