Benjamin EncinaLa continuidad del juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez quedó en el centro de una nueva controversia entre las partes. Los profesionales que evaluaron a Felipe “El Militar” Sosa, principal acusado del caso, no encontraron alteraciones cognitivas que le impidan comprender el proceso judicial ni participar de las audiencias. El resultado debilitó el argumento de la defensa, que había solicitado una revisión de su estado de salud y cuestionado sus condiciones para afrontar el debate.
El planteo de los abogados Marcelo Cosiansi y Rubén Flores había generado una interrupción de la actividad en los tribunales. Los letrados sostuvieron que el prolongado encierro y las presuntas amenazas recibidas habían afectado a su defendido, por lo que pidieron una evaluación médica y llegaron a solicitar su traslado al hospital Obarrio para una atención especializada.
Ante ese pedido, el tribunal dispuso la intervención de profesionales médicos. En una primera evaluación, realizada durante una audiencia anterior, los especialistas detectaron un problema estomacal, pero aclararon que no le impedía seguir el debate. También señalaron que Sosa estaba lúcido y comprendía lo que ocurría en la sala.
Posteriormente, los informes periciales volvieron a poner el foco en su capacidad para afrontar el proceso. Según la información presentada durante las últimas jornadas, no se detectaron alteraciones cognitivas que justificaran suspender el juicio. De esa manera, los argumentos médicos expuestos por los defensores no consiguieron acreditar una incapacidad que impidiera al acusado ejercer su defensa.
La discusión adquirió mayor intensidad porque la cuestión médica se incorporó a una disputa más amplia sobre la estrategia de los abogados. Desde la querella, encabezada por Carlos Garmendia, cuestionaron los planteos y consideraron que buscan demorar el desarrollo del proceso. El letrado sostuvo que las evaluaciones conocidas no respaldan las afirmaciones sobre un deterioro que impida a Sosa participar de las audiencias.
Garmendia también vinculó el reclamo por la salud del imputado con la hipótesis defensiva sobre la muerte de la joven. Según su interpretación, los abogados pretenden sostener que Érika murió de manera accidental y que Sosa se habría deshecho del cuerpo por temor a posibles represalias. Esa explicación forma parte de la postura que la defensa busca instalar y deberá ser analizada junto con las pruebas del expediente.
Otro punto de conflicto son las presuntas amenazas que, según los defensores, habría recibido el acusado durante su detención. La querella cuestionó que se invoquen esos episodios sin que se hayan precisado públicamente sus circunstancias ni presentado una denuncia formal que permita esclarecerlos.
La defensa, por su parte, sostiene que las condiciones de alojamiento de Sosa en el penal de Benjamín Paz repercutieron en su estado general. El acusado permanece detenido desde su captura en Buenos Aires y sus abogados vienen señalando desde el comienzo del debate que el régimen de encierro habría provocado un deterioro físico y psicológico.
Durante las audiencias también se observaron comportamientos que fueron mencionados en la cobertura del juicio, como sus conversaciones con sus representantes legales y algunos intercambios con Jorge “Chicho” Díaz, otro de los imputados por encubrimiento. Sin embargo, esas actitudes no reemplazan una evaluación clínica ni permiten establecer por sí mismas un diagnóstico sobre su salud mental.
La controversia exige distinguir dos cuestiones: tener problemas de salud no significa necesariamente ser incapaz de afrontar un juicio, y una evaluación que descarta alteraciones cognitivas relevantes tampoco equivale a afirmar que una persona no presenta ningún padecimiento. Lo que se analiza en este punto es si el acusado puede comprender el proceso y participar de su defensa.
Con los informes médicos incorporados y sin una incapacidad que justifique detener el debate, el tribunal resolvió continuar con las audiencias. La discusión sobre la salud de Sosa, de todos modos, volvió a elevar la tensión entre la defensa y la querella en una causa que sigue concentrando la atención judicial en Tucumán.
Mientras tanto, el proceso por el crimen de Érika Álvarez continúa con la participación de los acusados, sus representantes y las partes involucradas. La responsabilidad penal de Sosa y de los otros imputados deberá establecerse a partir de las pruebas y las decisiones que adopte el tribunal, sin que los planteos médicos resuelvan por sí mismos el fondo de la causa.
