Benjamin EncinaLa estructura institucional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó nuevamente en el centro de una controversia judicial. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó una denuncia disciplinaria contra cinco magistrados que ocupan funciones en los tribunales internos de la entidad y solicitó que se investigue si sus actividades son compatibles con el ejercicio de la magistratura.
La presentación fue realizada ante el Consejo de la Magistratura y alcanza a Sergio Fernández, Pablo Fernando Morán, Roberto Minguillón, Matías Mancini y Juan Pablo Rodríguez. La organización sostiene que estos jueces participan en organismos que resuelven controversias y aplican sanciones dentro del fútbol argentino, una tarea que considera incompatible con sus responsabilidades en el Poder Judicial.
La distribución de los cargos dentro de la asociación también forma parte del planteo. Sergio Fernández integra el Tribunal de Disciplina de la AFA, mientras que los otros cuatro magistrados forman parte del Tribunal de Ética. Sus nombres y funciones aparecen en la información institucional publicada por la propia entidad que preside Claudio Tapia.
Los cuestionamientos no se limitan a la presencia de los jueces en esos organismos. ACIJ considera que las tareas que desarrollan tienen características propias de una función jurisdiccional, porque incluyen la tramitación de expedientes, el análisis de pruebas, la realización de audiencias y la elaboración de resoluciones que pueden derivar en sanciones para clubes, dirigentes, futbolistas y otros integrantes de la asociación.
El argumento legal de la denuncia se apoya en el artículo 9 del decreto-ley 1285/58, que establece restricciones para que los magistrados desarrollen otras actividades profesionales mientras ejercen sus funciones judiciales. Para la organización, la participación en los tribunales deportivos excede una colaboración institucional y representa una actividad que podría vulnerar esas disposiciones.
Además, la presentación incorpora otro aspecto reglamentario. Según ACIJ, el Reglamento para la Justicia Nacional contempla la necesidad de contar con autorización previa de la Corte Suprema para determinadas participaciones de magistrados en asociaciones. La entidad denunciante afirmó que no encontró registros públicos que permitan comprobar que los cinco jueces hayan solicitado u obtenido ese permiso.
La organización también puso el foco en los posibles conflictos de interés que podrían surgir por la doble función. El fútbol argentino reúne a dirigentes, clubes, representantes, abogados y empresarios que pueden aparecer en distintos expedientes judiciales o mantener relaciones institucionales. En ese contexto, ACIJ advierte que la participación de magistrados en la estructura disciplinaria de la AFA podría comprometer la apariencia de imparcialidad que debe acompañar el desempeño de cualquier juez.
Uno de los planteos centrales de la asociación quedó sintetizado en una frase incluida en su presentación: “No se puede ser juez de la Nación y juez del fútbol al mismo tiempo”. Con ese argumento, solicitó que se determinen las eventuales responsabilidades disciplinarias y que los magistrados sean intimados a dejar sus cargos dentro de la AFA.
El reclamo tiene un antecedente reciente. En diciembre de 2025, ACIJ ya había advertido sobre la presencia de integrantes del Poder Judicial en los órganos internos de la entidad y había solicitado la intervención de la Corte Suprema. Luego de aquellos cuestionamientos, otros cinco magistrados dejaron sus funciones en distintos organismos vinculados al fútbol argentino.
La nueva denuncia apunta ahora a quienes permanecen en esos espacios. El Consejo de la Magistratura deberá analizar la presentación y determinar si corresponde avanzar con una investigación disciplinaria. Por el momento, la denuncia no implica una sanción ni establece que los jueces hayan cometido una falta, sino que plantea la necesidad de revisar la compatibilidad de sus actividades.
El caso vuelve a poner bajo discusión los vínculos entre el Poder Judicial y las instituciones deportivas, especialmente cuando quienes deben garantizar la independencia de la Justicia participan al mismo tiempo en organismos con capacidad para resolver conflictos y aplicar medidas dentro de una asociación de alcance nacional.
