Benjamin EncinaLa crisis institucional de Paraguay entró este viernes en una etapa decisiva. El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, aseguró que cuenta con los votos necesarios para destituir a Santiago Peña y anticipó que la resolución podría aprobarse por unanimidad. La declaración se produjo mientras la Cámara Alta avanzaba con el juicio político contra el mandatario, en medio de una fuerte controversia por el funcionamiento de Ueno Bank.
“Va a ser por votación unánime”, afirmó Núñez al referirse al respaldo que, según sostuvo, existe entre los senadores para avanzar con la separación del jefe de Estado. La definición todavía depende de la votación correspondiente: hasta el momento, el Senado había rechazado los pedidos de postergación y continuaba con las distintas etapas del procedimiento.
El proceso llegó a la Cámara Alta después de que Diputados aprobara por unanimidad la acusación contra Peña, con 78 votos favorables el jueves 5 de noviembre. La decisión contó incluso con el acompañamiento de legisladores del Partido Colorado, espacio político que llevó al mandatario al poder. De esa manera, la acusación superó la primera instancia prevista por la Constitución paraguaya y pasó al Senado, que debe resolver si corresponde declarar su responsabilidad política.
La jornada de este viernes comenzó con un nuevo enfrentamiento entre el Presidente y los legisladores. Peña había solicitado una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, al considerar insuficiente el tiempo que tuvo para analizar el expediente. Según explicó, recibió la notificación durante la noche del jueves, junto con un documento acusatorio de 15 páginas y alrededor de 300 fojas de documentación complementaria.
La Cámara de Senadores rechazó el pedido. En una de las votaciones informadas por la prensa paraguaya, 39 legisladores votaron contra la extensión del plazo, tres se pronunciaron a favor, dos se abstuvieron y se registró una ausencia. La decisión obligó al mandatario a enfrentar el procedimiento bajo el cronograma establecido por el Congreso.
Peña había sido convocado para presentarse a las 12.10, pero no acudió personalmente al recinto en el horario previsto. Sus abogados comunicaron que asumirían la defensa técnica y que el mandatario concurriría durante la etapa de alegatos. Más tarde, los senadores votaron por 41 votos dar por concluida la instancia de comparecencia y continuar con la evaluación de las pruebas presentadas por los acusadores.
El juicio político tiene como eje las presuntas responsabilidades de Peña en la crisis financiera de Ueno Bank y sus anteriores vínculos con el conglomerado empresarial relacionado con la entidad. Entre los cuestionamientos incluidos en la acusación aparecen posibles conflictos de intereses, la designación de autoridades vinculadas al grupo y la colocación de recursos de organismos públicos en el banco.
Uno de los puntos señalados por los legisladores es la relación que el mandatario tuvo con Ueno Holding, grupo del que formó parte antes de llegar a la Presidencia. Según la acusación, esa vinculación debe analizarse junto con las decisiones adoptadas por el Gobierno y los organismos de control frente a la entidad financiera. Peña había vendido sus acciones en marzo de 2025, de acuerdo con la información difundida durante el proceso.
La crisis se profundizó después de que el Banco Central del Paraguay iniciara el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar problemas en sus niveles de solvencia. La situación generó preocupación entre millones de clientes y abrió interrogantes sobre los depósitos de particulares y los recursos de instituciones públicas que estaban colocados en la entidad.
Los acusadores también cuestionaron la concentración de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otros organismos en el banco. Se trata de señalamientos incorporados al proceso político y que deberán ser evaluados en esa instancia; no equivalen, por sí mismos, a una sentencia judicial que determine responsabilidades penales.
La situación institucional se volvió todavía más compleja cuando Peña presentó su renuncia a la Presidencia el jueves. Sin embargo, el Congreso no consiguió reunir el cuórum necesario para tratar y aceptar formalmente su dimisión. Por esa razón, el mandatario continuaba en funciones mientras avanzaba el juicio político.
La diferencia entre ambos caminos es relevante para el futuro del jefe de Estado. Una renuncia aceptada por el Congreso tendría consecuencias distintas de una destitución mediante juicio político, especialmente en relación con la condición de senador vitalicio y los fueros que podría conservar al dejar el cargo.
En paralelo, la Cámara de Diputados rechazó el pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, quien podría asumir la Presidencia si se concreta la salida definitiva de Peña. Por ahora, la definición sobre la continuidad del Ejecutivo permanece en manos del Congreso paraguayo.
La Constitución establece que el Senado debe actuar como tribunal y necesita una mayoría de dos tercios de sus integrantes para declarar culpable al presidente y disponer su separación del cargo. Con una Cámara Alta integrada por 45 miembros, se requieren 30 votos afirmativos para alcanzar ese umbral.
Las declaraciones de Núñez anticipan un respaldo superior al mínimo constitucional, aunque el resultado definitivo dependerá de la votación formal. Mientras tanto, el procedimiento continúa y el futuro político de Santiago Peña quedó condicionado por una crisis que comenzó en el sistema financiero y terminó comprometiendo la continuidad del Gobierno.
